El cierre de la clínica dental Vivanta en Ibiza ha dejado a pacientes con tratamientos sin finalizar, citas pendientes y cantidades abonadas que, según denuncian los afectados, alcanzan en algunos casos los 11.000 euros. El establecimiento, situado en la calle de Vicent Serra i Orvay, 22, bajó la persiana el lunes 26 de octubre, a las 14.00 horas, según el testimonio de una de las personas perjudicadas, que asegura que los usuarios no recibieron ningún aviso previo.
La situación ha generado indignación entre quienes habían contratado tratamientos odontológicos, algunos financiados y otros pagados íntegramente por adelantado, y ahora desconocen cómo podrán continuar con la atención sanitaria que necesitan.
«Hay familias que han pagado los tratamientos al contado y que ahora se encuentran desamparadas», explica una de las afectadas en una comunicación remitida a La Voz de Ibiza.
Según su relato, el problema también alcanza a pacientes que anteriormente eran atendidos en la clínica de la avenida de Isidor Macabich y que habían sido derivados al establecimiento de Vicent Serra i Orvay.
Una denuncia judicial y pacientes que se organizan
Los afectados aseguran que ya se ha interpuesto una denuncia en el juzgado de guardia de Ibiza y que están realizando gestiones para contactar con el departamento de Consumo del Consell de Ibiza. Paralelamente, han comenzado a organizarse mediante un grupo de WhatsApp con la intención de constituir una plataforma de afectados y coordinar sus reclamaciones.
Una de sus principales preocupaciones es la imposibilidad de acceder a los historiales médicos y al material necesario para continuar determinados tratamientos de ortodoncia. Los pacientes denuncian que sus expedientes clínicos permanecen inaccesibles y que desconocen cómo recuperar el material relacionado con sus tratamientos.
La afectada que ha contactado con este periódico advierte, además, de que todavía podría haber personas que desconozcan el cierre y que descubran la situación cuando acudan a su próxima cita. «Como nosotros, habrá mucha gente que no sabrá de la situación y se la encontrará cuando vaya a su cita», señala.
La denunciante también cuestiona que la clínica continuara programando consultas pese a las dificultades económicas que atravesaba la compañía. «Algunas personas conocían el concurso de acreedores, pero la clínica ha seguido dando citas a futuro, jugando con nuestros tratamientos», lamenta.
El cierre en Ibiza forma parte de una crisis nacional
La situación que atraviesan los pacientes ibicencos se enmarca en el cierre de las clínicas Vivanta en toda España, después de que fracasaran las negociaciones para la venta de parte del grupo a Donte Group, propietario de Vitaldent.
La oferta de adquisición caducó el pasado 21 de octubre sin que se alcanzara una solución que permitiera garantizar la continuidad de la actividad.
Según la información publicada por Cinco Días, la propuesta contemplaba la adquisición de 61 clínicas, la incorporación de 656 trabajadores y el compromiso de atender unos 30.000 tratamientos dentales pendientes o en curso, valorados en aproximadamente 36,9 millones de euros.
Sin embargo, la operación quedó condicionada por las discrepancias relacionadas con el rescate público que recibió la compañía durante la pandemia.
Vivanta obtuvo en 2022 40 millones de euros de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), una ayuda cuya devolución se convirtió en uno de los principales obstáculos para la venta.
El grupo había entrado en concurso voluntario de acreedores mediante un auto dictado el 3 de septiembre de 2026 por el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid.
La declaración se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 15 de septiembre.
Los dentistas denuncian la desprotección de los pacientes
El Consejo General de Dentistas de España ha lamentado las consecuencias del cierre y considera intolerable que miles de pacientes hayan permanecido en una situación de incertidumbre mientras se desarrollaban las negociaciones empresariales.
«No estamos hablando únicamente de la compraventa de una empresa, sino de la salud de miles de personas que confiaron en estos centros para recibir una atención sanitaria», ha declarado su presidente, Óscar Castro Reino.
La organización colegial también ha reclamado explicaciones sobre la gestión de los 40 millones de euros concedidos por la SEPI.
El Consejo recuerda que ya cuestionó en su momento los criterios utilizados para considerar estratégica a la compañía y las razones por las que se amplió hasta 2028 el plazo de devolución del préstamo.
«Lo que no podemos aceptar es que el riesgo de una actividad empresarial termine trasladándose a quienes ya han pagado por recibir un tratamiento sanitario», ha advertido Castro.
Qué pueden hacer los afectados de Vivanta en Ibiza
Ante esta situación, la Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo del Govern balear ha publicado información específica para orientar a las personas perjudicadas por el cierre de Vivanta.
El organismo recomienda conservar todos los documentos relacionados con los tratamientos contratados, incluidos presupuestos, facturas, contratos, justificantes de pago, correos electrónicos y recibos.
También recuerda que los pacientes tienen derecho a solicitar el acceso a su documentación clínica, necesaria para acreditar los tratamientos realizados y pendientes.
En los casos en los que el tratamiento se haya financiado mediante un crédito al consumo vinculado a la prestación del servicio, los afectados pueden dirigirse a la entidad financiera para comunicar el cierre y solicitar, cuando corresponda, la paralización de los cobros y la devolución de las cantidades correspondientes a servicios no prestados.
Esta posibilidad no implica una cancelación automática de la financiación, ya que dependerá de las condiciones del contrato y de los requisitos legales aplicables.
Para quienes hayan abonado los tratamientos con tarjeta de crédito, Consumo aconseja consultar con la entidad bancaria la posibilidad de revertir los cargos.
El concurso de acreedores y la reclamación del dinero
El Govern también advierte de que la declaración del concurso de acreedores modifica los mecanismos habituales de reclamación, puesto que los organismos públicos de consumo ya no pueden mediar con la empresa para resolver las reclamaciones económicas sometidas al procedimiento concursal.
La administración concursal designada es FTI & Partners Corporate Recovery Spain, que dispone del correo electrónico [email protected].
El auto publicado en el BOE establecía inicialmente un plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación, el 15 de septiembre, para comunicar los créditos a la administración concursal.
Dado que ese plazo inicial ya ha transcurrido, los afectados que todavía no hayan presentado su reclamación deberán consultar con la administración concursal cómo proceder y qué consecuencias puede tener una comunicación fuera de plazo.
Por su parte, el Consejo General de Dentistas recomienda acudir a otro profesional cuando la interrupción del tratamiento pueda comprometer la salud del paciente y solicitar un informe sobre las actuaciones realizadas y las que todavía quedan pendientes.
Mientras tanto, los pacientes de Vivanta en Ibiza intentan organizarse para obtener respuestas y recuperar tanto el dinero abonado como la posibilidad de finalizar sus tratamientos.
Su principal preocupación es que una crisis empresarial termine dejando sin solución a personas que habían confiado sus tratamientos médicos y sus ahorros a la compañía.
