La presión política sobre Miguel Tur, teniente de alcalde de Sant Antoni y concejal del PP, ha aumentado este viernes, un día después del pleno extraordinario del jueves sobre su relación con Ice Properties, sociedad vinculada al entorno empresarial de O Beach, de Duane Lineker. Podemos Ibiza exige su dimisión, mientras Vox Sant Antoni considera «insuficientes» las explicaciones sobre la operación inmobiliaria familiar.
Las críticas se suman a las preguntas del PSOE, impulsor del pleno para examinar posibles conflictos de intereses entre la actividad privada del edil y sus competencias municipales. Vox reclama más transparencia sin atribuir ilegalidades, mientras Podemos pide la salida del concejal y responsabilidades políticas al alcalde, Marcos Serra.
Podemos reclama una auditoría y explicaciones al alcalde
Podemos Ibiza sitúa a Tur en 19 expedientes municipales relacionados, según su comunicado, con sociedades de ese entorno empresarial y menciona más de dos millones de euros en adjudicaciones y gastos. Cita contratos menores, facturas tramitadas mediante omisión de la función interventora y decisiones urbanísticas, actuaciones cuyo alcance pide investigar. La cifra global incluye licitaciones públicas y no equivale, por sí sola, a contrataciones irregulares.
Según la formación, el edil intervino en procedimientos vinculados a esas sociedades después de que Ice Properties adquiriera el crédito hipotecario sobre una vivienda de su hermana. La adquisición del crédito se produjo el 9 de agosto de 2024 y Tur compró el inmueble el 20 de diciembre, según informó La Voz de Ibiza tras el pleno.
«No estamos hablando de rumores de barra de bar. Estamos hablando de expedientes administrativos, relaciones económicas reconocidas y actuaciones que merecen una investigación exhaustiva», ha señalado Podemos. La compraventa también está relacionada con una investigación judicial por presunto alzamiento de bienes, cuestión distinta del eventual conflicto de intereses administrativo y que no supone una condena.
El partido reclama la dimisión de Tur, una auditoría independiente y la revisión de posibles causas de abstención. También pide trasladar a los órganos fiscalizadores y judiciales competentes cualquier irregularidad que pudiera detectarse en los expedientes.
Marcos Serra también figura entre los destinatarios de las exigencias: Podemos le pide que explique «qué sabía, desde cuándo lo sabía y qué medidas adoptó» y cuestiona su respaldo al concejal. Sostiene que las responsabilidades políticas no dependen exclusivamente de las resoluciones judiciales.
Vox cuestiona explicaciones, pero no atribuye delitos
Vox Sant Antoni considera que el pleno dejó preguntas sin resolver, aunque puntualiza que no cuestiona la legalidad de la operación ni atribuye conductas delictivas. Su crítica se centra en la transparencia exigible cuando un cargo público mantiene relaciones económicas con empresas que tienen intereses municipales.
«No basta con afirmar que una operación es legal o que no ha existido trato de favor. Cuando se gestionan los intereses de los ciudadanos, las explicaciones deben ser claras, completas y capaces de disipar cualquier duda razonable», ha señalado Vox, que pide más detalles al concejal y al Gobierno municipal.
La formación señala las cifras reconocidas por Tur: 16 servicios adjudicados desde Fiestas y Comercio a empresas de ese entorno por 74.704 euros, con observaciones de los servicios económicos municipales en ocho de ellos. Como detalló La Voz de Ibiza al analizar las contrataciones, esas advertencias no demuestran por sí solas la existencia de irregularidades. Algunas se referían a posibles fraccionamientos de contratos menores, según explicó el propio concejal.
Vox sostiene que las cifras exigen aclaraciones exhaustivas y recuerda que «la responsabilidad política y la exigencia de ejemplaridad van más allá del estricto cumplimiento de la ley». El partido reclama disipar las dudas sobre posibles privilegios, sin considerarlos acreditados.
Tur defiende operación privada y Serra niega privilegios
Durante el pleno, Miguel Tur explicó que necesitaba 190.000 euros en tres semanas para evitar la pérdida de una vivienda familiar y que Ice Properties fue la única sociedad que accedió a intervenir. Aseguró que devolvió el importe con intereses y negó que sus negocios privados condicionaran decisiones municipales.
Marcos Serra respaldó al concejal y negó cualquier trato de favor. Recordó que Tur no dirige Urbanismo ni Actividades, aunque integra la Junta de Gobierno Local, que intervino en acuerdos relativos a Ice Properties. También afirmó que el Ayuntamiento ha impulsado procedimientos contra empresas de ese entorno.
El PSOE continúa reclamando acceso a expedientes municipales. Las reacciones de Vox y Podemos amplían las exigencias políticas sobre Tur, mientras el edil y el alcalde defienden la legalidad de sus actuaciones.
