La plantilla de la Policía Local de Sant Antoni no asistirá a la Diada institucional del cuerpo. Así lo ha acordado la Junta de Personal, integrada por los sindicatos CSIF, UGT y SPPME, «en señal de protesta unánime ante los constantes agravios y la falta de respeto a nuestra labor», según recoge un comunicado oficial.
El plante va acompañado de una revelación que eleva el conflicto a otra dimensión: la Junta de Personal se ha visto «forzada a judicializar el conflicto» y ha llevado a la vía contencioso-administrativa la negativa del Ayuntamiento a aplicar las mejoras laborales «legalmente aprobadas en diciembre de 2024», en el marco de la reforma de la Ley de Coordinación de las Policías Locales.
Del respaldo a Mateu al señalamiento del alcalde
El comunicado supone un giro radical respecto al tono que la representación sindical mantenía hace apenas dos meses. Tal como avanzó La Voz de Ibiza, el pasado 19 de agosto la Junta de Personal rompió su silencio con una carta abierta en la que confirmaba un conflicto abierto desde enero de 2025, pero dedicaba el grueso del texto a blindar públicamente a la concejala de Seguridad Ciudadana, Neus Mateu, y aseguraba no buscar «culpables ni confrontación pública».
Ahora el foco apunta directamente al primer edil. Los sindicatos expresan el «profundo descontento, agotamiento e indignación de la plantilla frente a la gestión del alcalde, Marcos Serra, y su equipo de gobierno», y subrayan que las negociaciones, infructuosas desde inicios de 2025, han estado dirigidas personalmente por el alcalde y por la técnico de Recursos Humanos del Ayuntamiento.
La Junta atribuye el agravamiento del conflicto al «constante cambio de rumbo y de criterio» del consistorio y a su «falta de palabra y de voluntad política».
Descansos sin compensar y una oferta retirada
Además de la vía judicial, el comunicado enumera otros tres motivos de ruptura. El primero afecta a los descansos obligatorios: según la Junta, el propio alcalde «reconoce abiertamente» que, por la grave falta de efectivos, el descanso diario de los agentes no se ajusta a lo establecido por las directrices y las sentencias judiciales vigentes.
Pese a ello, sostienen los sindicatos, el Ayuntamiento se niega «en rotundo» a ofrecer compensación alguna.
El segundo es la retirada de una oferta. A finales de verano, como medida de contención, el consistorio planteó una mejora en las fichas de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Hace unos días, según el comunicado, el gobierno local comunicó su anulación unilateral sin aportar motivación, más allá de afirmar que «ya no corresponde ninguna compensación».
El tercero es lo que la Junta califica de arbitrariedad: en este año y medio de conflicto, denuncia, sus peticiones de reunión han recibido «el silencio por respuesta», mientras el Ayuntamiento anulaba derechos y mejoras históricas ya pactadas amparándose en cambios legislativos o en nuevas interpretaciones «siempre restrictivas hacia el colectivo policial».
Los sindicatos aseguran haber preguntado por qué la legislación se aplica de inmediato por decreto cuando favorece al Ayuntamiento, pero se somete a «eternas y opacas negociaciones» cuando beneficia al funcionario. La respuesta, según su relato, fue un «Es así».
Un cuerpo bajo mínimos desde el verano
El malestar, recuerda la Junta, ya se hizo visible el pasado verano, cuando la plantilla dejó de realizar horas extraordinarias voluntarias por la carga de trabajo y el estrés.
Fue entonces cuando, tal como avanzó La Voz de Ibiza, el alcalde firmó el 30 de julio el Decreto 2026-3196, que declaraba la «situación de urgencia y necesidad» en el cuerpo por insuficiencia de efectivos.
El propio decreto reconocía que en algunos turnos solo pudo cubrirse una patrulla para todo el municipio y que en otros no fue posible constituir ninguna, lo que obligó a suspender las unidades de Atestados, Medio Ambiente, Proximidad y Playas.
Para cubrir el vacío, el Ayuntamiento adjudicó a High Security Group S.L. el servicio de seguridad privada, con dos meses de retraso sobre el calendario previsto, tras retirar la primera licitación por un error en los pliegos.
La Junta de Personal cierra su comunicado expresando su deseo de que el conflicto se resuelva lo antes posible «para el buen funcionamiento de la institución del cuerpo de Policía Local».
