Casi un año después de su nombramiento, la designación de Miguel Ángel Cicuéndez Gil como jefe de la Policía Local de Santa Eulària ha acabado en los tribunales. Su antecesor en el cargo, Félix Julio Valverde Olivares, ha presentado un recurso contencioso-administrativo para solicitar su anulación al considerar que el funcionario elegido por el Ayuntamiento en diciembre de 2025 no reúne los requisitos legales para ocupar el puesto. En concreto, sostiene que carece de la titulación universitaria exigida para la categoría de subinspector a la que está vinculada la Jefatura.
El conflicto se originó tras la renuncia de Valverde, aceptada oficialmente el 14 de noviembre de 2025. El 9 de diciembre, la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, firmó el decreto por el que designaba provisionalmente a Cicuéndez para garantizar la continuidad del servicio. Sin embargo, el antiguo responsable policial considera que el nombramiento vulnera la Ley 4/2013 de coordinación de las policías locales de Baleares y ha solicitado también su suspensión cautelar mientras se resuelve el procedimiento judicial.
En declaraciones a La Voz de Ibiza, Valverde asegura que había tres agentes en la plantilla, incluido él mismo, que reunían las condiciones para asumir la Jefatura y denuncia que el Ayuntamiento ignoró sus advertencias sobre la presunta ilegalidad del nombramiento. «He hecho 10 o 15 escritos y el Ayuntamiento no contesta a nada», afirma.
El exjefe policial va incluso más allá y confirma que estudia presentar una denuncia penal por presunta prevaricación contra la alcaldesa y el actual jefe del cuerpo, al considerar que el nombramiento se realizó a sabiendas de que no se cumplían los requisitos exigidos.
Consultado por este periódico sobre los criterios utilizados para la designación y las irregularidades denunciadas, el Ayuntamiento de Santa Eulària ha declinado pronunciarse. «No podemos dar respuesta oficial mientras el tema siga judicializado», ha respondido el Consistorio.
«Somos tres» los que reunimos los requisitos
Valverde fundamenta su recurso en el artículo 22 de la Ley 4/2013 de coordinación de las policías locales de Baleares, que regula el acceso a la Jefatura de estos cuerpos.
Según explica, el puesto de jefe de la Policía Local de Santa Eulària está asociado a la categoría de subinspector, encuadrada en el subgrupo A2, para el que se exige una titulación universitaria.
«El cargo más alto es subinspector y el puesto de jefe de policía está asociado a una plaza de subinspector, tanto en los presupuestos de 2025 como en los de 2026», sostiene.
El exjefe asegura que Cicuéndez, que tiene categoría de oficial, no dispone de esa titulación. Como argumento, señala que en la publicación de su nombramiento se indicaba que estaba cursando estudios de Criminología.
«Eso indica que el Ayuntamiento es consciente de que no reúne los requisitos para ocupar el puesto y, aun así, lo nombraron», denuncia.
Valverde también rechaza que la urgencia justificara la elección, ya que, según afirma, había otros funcionarios dentro del cuerpo que podían asumir la responsabilidad.
Preguntado expresamente por cuántos agentes reunían las condiciones necesarias, responde: «Sí, somos tres en concreto».
El antiguo responsable policial explica que, tras conocer el nombramiento, comunicó al Ayuntamiento que debía ofrecerse el puesto a los funcionarios que cumplían los requisitos. Incluso se ofreció para volver a asumir la Jefatura de manera provisional si los demás rechazaban hacerlo, hasta que se convocara un procedimiento público.
«La alcaldesa hizo caso omiso, no atiende a peticiones que se le han hecho, no contesta», asegura.
Las circunstancias de su renuncia
Valverde también ha ofrecido detalles sobre las circunstancias que rodearon su salida de la Jefatura en noviembre de 2025. Según explica, su decisión se produjo en un contexto de discrepancias importantes relacionadas con el ejercicio de sus responsabilidades al frente de la Policía Local.
«Mi renuncia se produjo en un contexto de discrepancias importantes relacionadas con el ejercicio de mis responsabilidades como jefe de Policía. Por respeto a los procedimientos que puedan corresponder, prefiero no profundizar ahora en determinadas circunstancias», señala.
El antiguo responsable policial evita concretar el origen de esas discrepancias, aunque insiste en que su actuación estuvo guiada por el cumplimiento de la legalidad y sus obligaciones profesionales.
«Para mí, ser jefe de Policía no consiste únicamente en dirigir un cuerpo policial, sino también en dar ejemplo, defender a los agentes y garantizar que todas las actuaciones se ajusten a la ley, con independencia de quién pueda verse afectado», manifiesta.
Valverde reivindica que durante su etapa al frente del cuerpo defendió principios como la honestidad, la transparencia y la imparcialidad, y concluye: «Siempre he tenido claro que mi lealtad está con la legalidad, con la institución policial y con los ciudadanos a los que servimos».
Una posible denuncia por prevaricación contra la alcaldesa
El conflicto ya se encuentra en la jurisdicción contencioso-administrativa. Valverde solicita la nulidad del nombramiento de Cicuéndez y ha pedido también su suspensión cautelar mientras se resuelve el procedimiento.
El exjefe considera que mantener al actual responsable en el puesto puede generar inseguridad jurídica en el funcionamiento de la Policía Local, especialmente por las órdenes y decisiones que adopta diariamente.
«Está ejerciendo el cargo una persona que no tiene la titulación para hacerlo y está dictando órdenes diarias», denuncia.
A su juicio, el problema trasciende el conflicto interno y puede repercutir en la ciudadanía.
Pero Valverde no descarta ir más allá de la vía administrativa. En la entrevista confirma que estudia presentar una denuncia penal por presunta prevaricación tanto contra la alcaldesa como contra el actual jefe policial.
Preguntado por los hechos que considera susceptibles de constituir un delito, responde: «Dictar un nombramiento a un funcionario público a sabiendas de su injusticia».
Su planteamiento se basa en que, según sostiene, los responsables municipales conocían las condiciones exigidas para ocupar la Jefatura y, pese a ello, aprobaron y mantienen el nombramiento.
«Uno por nombrarlo y el otro por aceptarlo», afirma al explicar por qué contempla dirigir la eventual denuncia contra ambos.
En cualquier caso, la posible existencia de irregularidades administrativas no implica automáticamente la comisión de un delito de prevaricación, cuya concurrencia tendría que ser determinada judicialmente.
