El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha condenado al IbSalut a indemnizar con 71.200 euros a los tres hijos de una mujer fallecida en el Hospital Can Misses de Ibiza en enero de 2016, después de que una prueba médica solicitada para investigar los intensos dolores torácicos que sufría la paciente no llegara a realizarse a tiempo. La sentencia, dictada el pasado 5 de octubre, considera acreditada una falta de coordinación entre los servicios hospitalarios que impidió detectar una perforación cardíaca provocada por el desplazamiento de un catéter.
La resolución judicial, a la que ha tenido acceso La Voz de Ibiza, concluye que el retraso en la realización de una ecocardiografía resultó decisivo en la evolución de la paciente. Los magistrados consideran que la actuación sanitaria fue correcta en la colocación inicial del dispositivo, pero que posteriormente se produjo una demora injustificada en una prueba que habría permitido descubrir la complicación y adoptar medidas para tratarla.
La familia había reclamado inicialmente 216.249,81 euros por responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria. El tribunal ha estimado parcialmente su demanda y ha reconocido una indemnización de 20.400 euros para cada uno de dos hijos y de 30.400 euros para la tercera, además de los intereses legales correspondientes desde julio de 2019.
Los dolores comenzaron cuatro días después de colocarle el catéter
Los hechos se remontan al 28 de diciembre de 2015, cuando la mujer acudió al servicio de urgencias del Hospital Can Misses por un agravamiento de la enfermedad de Raynaud, un trastorno que afecta a la circulación sanguínea y que puede provocar lesiones graves en las extremidades.
Aunque inicialmente rechazó el ingreso hospitalario, regresó dos días después ante el empeoramiento de su estado y aceptó permanecer ingresada para recibir tratamiento.
El 4 de enero de 2016, los profesionales sanitarios le colocaron un catéter venoso central de acceso periférico (PICC), introducido a través del brazo, para administrarle la medicación intravenosa.
Según recoge la sentencia, el dispositivo fue colocado correctamente y su posición se comprobó mediante una radiografía. Durante los primeros días, la paciente recibió el tratamiento sin presentar molestias torácicas relacionadas con su administración.
Sin embargo, el 8 de enero comenzó a manifestar fuertes dolores en el pecho cada vez que recibía la medicación. Los síntomas se repitieron los días 9, 10 y 11, circunstancia que quedó reflejada en su historia clínica.
Ante estas molestias, los facultativos le practicaron dos electrocardiogramas, los días 8 y 9 de enero, que no mostraron alteraciones significativas.
También se solicitó una ecocardiografía para comprobar el estado del corazón y la posición del catéter. No obstante, esa prueba nunca llegó a realizarse antes de que la paciente sufriera una parada cardiorrespiratoria.
Una prueba solicitada el día 8 que no se recibió hasta el 11
Este es uno de los aspectos centrales de la sentencia. El tribunal considera acreditado que la ecocardiografía fue solicitada el 8 de enero de 2016, cuando la paciente comenzó a experimentar los intensos dolores torácicos, pero la petición no fue recibida por el servicio encargado de realizarla hasta el día 11.
Durante ese intervalo, la mujer continuó manifestando molestias coincidentes con la administración de la medicación a través del catéter.
La madrugada del 12 de enero sufrió una parada cardiorrespiratoria. Los médicos consiguieron reanimarla y fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
Las pruebas realizadas posteriormente revelaron que el catéter había atravesado el ventrículo derecho del corazón y que se había producido una acumulación de líquido, con signos compatibles con un taponamiento cardíaco.
Los especialistas recomendaron retirar el dispositivo, una intervención que finalmente se realizó el 13 de enero.
La paciente permaneció ingresada en la UCI sin recuperar la conciencia. Su estado neurológico y circulatorio empeoró progresivamente hasta que falleció el 15 de enero de 2016, a las 11.55 horas.
La Justicia considera «inadmisible» el retraso
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Baleares distingue entre la colocación inicial del catéter y la actuación posterior de los servicios hospitalarios.
Los magistrados descartan que existiera una mala praxis en la inserción del dispositivo. Según la resolución, la perforación cardíaca tuvo su origen en un desplazamiento accidental del catéter, posiblemente provocado por algún movimiento de la paciente.
Sin embargo, consideran que la situación cambió cuando comenzaron los dolores y no se realizó con prontitud la prueba diagnóstica solicitada.
«Ese retraso sí es claramente anómalo», señala la sentencia, que recuerda que los electrocardiogramas practicados no eran las pruebas adecuadas para descubrir la complicación que posteriormente se confirmó.
El tribunal aprecia una falta de coordinación entre los servicios del hospital y cuestiona expresamente la demora administrativa en la tramitación de la solicitud.
«En modo alguno se puede justificar que se tarden más de tres días en acusar recibo para practicar una prueba ecocardiográfica a un paciente ingresado en ese mismo Hospital», recoge la resolución.
Los magistrados consideran que, de haberse realizado la prueba con prontitud, habría sido posible identificar antes el problema y adoptar las medidas necesarias para intentar remediarlo.
Por ello, concluyen que el retraso resultó decisivo en la evolución de la complicación cardíaca y aprecian una relación causal entre el funcionamiento del servicio sanitario y el daño sufrido.
Una investigación forense confirmó la perforación cardíaca
Tras el fallecimiento, los familiares presentaron una denuncia penal al considerar que la muerte podía estar relacionada con una perforación cardíaca provocada por el catéter.
Durante la investigación, el corazón de la paciente y otras muestras de tejido fueron remitidos al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Barcelona.
El informe emitido en noviembre de 2016 confirmó una lesión compatible con una microperforación de la pared del ventrículo derecho, que comunicaba con el saco pericárdico.
Las actuaciones penales terminaron en septiembre de 2018 con un sobreseimiento provisional, aunque se reservaron las acciones civiles a los perjudicados.
Posteriormente, los tres hijos presentaron una reclamación de responsabilidad patrimonial ante el IbSalut el 10 de julio de 2019. Ante su desestimación presunta, acudieron a la jurisdicción contencioso-administrativa.
La familia reclamaba más de 216.000 euros
En su demanda, los hijos solicitaron una indemnización total de 216.249,81 euros, incluyendo diferentes conceptos relacionados con el fallecimiento de su madre, los perjuicios personales sufridos y los gastos funerarios.
El tribunal ha reconocido a dos de los hermanos, que tenían 40 y 41 años cuando falleció su madre y no convivían con ella, una indemnización de 20.400 euros para cada uno.
En el caso de la tercera hija, que tenía 34 años y compartía domicilio con la fallecida, la cantidad reconocida asciende a 30.400 euros.
La sentencia rechaza otras cantidades solicitadas por la familia, entre ellas una indemnización adicional por daños morales, al considerar que estos ya están contemplados en las cuantías establecidas por el baremo utilizado.
También desestima una reclamación por lucro cesante presentada por la hija que convivía con su madre, al no haberse acreditado que dependiera económicamente de ella.
Asimismo, el tribunal rechaza el reembolso de 7.350,81 euros en gastos funerarios, porque la documentación aportada acreditaba el presupuesto del traslado de los restos desde Ibiza a Mallorca y su inhumación, pero no demostraba que esa cantidad hubiera sido efectivamente abonada.
Una indemnización de 71.200 euros más intereses
Finalmente, el TSJ de Baleares ha estimado parcialmente el recurso de los familiares y ha anulado la desestimación presunta de su reclamación.
La sentencia condena a la Administración sanitaria a abonar un total de 71.200 euros a los tres hijos de la paciente, a los que deberán añadirse los intereses legales devengados desde el 10 de julio de 2019 hasta el pago completo.
La resolución, dictada el 5 de octubre de 2026, no impone las costas procesales a ninguna de las partes y contempla la posibilidad de presentar recurso de casación.
El pronunciamiento judicial llega más de diez años después del fallecimiento y establece la responsabilidad patrimonial de la Administración por un retraso diagnóstico derivado de la falta de coordinación entre los servicios del Hospital Can Misses.
