El Sindicato Médico de Baleares (SIMEBAL) ha reclamado este martes, 10 de noviembre, desde Ibiza, un plan de seguridad para los centros sanitarios con mayor exposición a la violencia, que contemple la presencia de vigilantes e incluso la instalación de arcos de seguridad cuando resulte necesario. La reivindicación se ha planteado durante una concentración celebrada a las puertas del Centro de Salud de Sant Antoni, tras el reciente episodio de amenazas a una médica que tuvo que huir de su consulta.
El presidente de SIMEBAL y de la Confederación Española de Sindicatos Médicos, Miguel Lázaro, ha exigido a la Administración que identifique los centros sanitarios con mayor riesgo y adopte medidas específicas para proteger a sus profesionales. «Ningún médico debe trabajar con miedo», ha advertido.
La protesta se produce apenas cuatro meses después de otra concentración celebrada en el mismo centro sanitario por un episodio de violencia contra un profesional médico. En esta ocasión, el sindicato ha ampliado sus reivindicaciones y ha planteado medidas preventivas para todos aquellos centros donde exista una mayor exposición a este tipo de situaciones.
Un mapa de centros sanitarios con mayor riesgo de violencia
Lázaro ha defendido la necesidad de que la Administración elabore un mapa de centros de salud con alta exposición a la violencia, que permita determinar dónde deben reforzarse los dispositivos de protección.
«La Administración tiene que tener un mapa de centros de salud de alta exposición a la violencia», ha afirmado durante su intervención ante los medios de comunicación.
El dirigente sindical ha señalado que el Centro de Salud de Sant Antoni constituye uno de esos espacios especialmente expuestos y ha pedido analizar las circunstancias que explican la repetición de incidentes.
«Hay que pensar y valorar qué está ocurriendo, qué contexto se da en este centro», ha manifestado.
A partir de esa evaluación, SIMEBAL propone incorporar medidas de seguridad adaptadas a las necesidades de cada instalación.
«Si tiene que haber un arco de seguridad, que lo haya. Si tiene que haber guardias de seguridad, dotar al centro de salud de guardias de seguridad», ha defendido Lázaro.
El presidente sindical ha insistido en que la responsabilidad de garantizar un entorno laboral seguro corresponde a la Administración sanitaria y ha advertido de que los profesionales ya soportan una elevada carga asistencial, a la que no debería sumarse el temor a sufrir amenazas o agresiones.
Multas exprés y restricciones para los agresores
Además de reforzar la vigilancia, Lázaro ha planteado endurecer las consecuencias para quienes ejerzan violencia contra el personal sanitario.
Entre sus propuestas figura la imposición de «multas exprés importantes» y la posibilidad de establecer restricciones para impedir que los agresores vuelvan a ser atendidos en el mismo centro sanitario, una medida que requeriría respaldo legal y debería garantizar la asistencia sanitaria que corresponda.
«Si un paciente agrede a un médico, lo que tendría que hacer es no ser atendido en este centro», ha señalado.
El dirigente sindical ha comparado esta posibilidad con las órdenes de alejamiento que existen para proteger a víctimas de otras formas de violencia.
También ha reclamado campañas frecuentes de sensibilización para recordar a los pacientes que, además de derechos, tienen obligaciones hacia los profesionales que los atienden.
Lázaro ha insistido en que la frustración por una demora asistencial, una decisión médica o la negativa a conceder una baja laboral no puede justificar comportamientos violentos.
«Las cifras no son reales»: la violencia que no se denuncia
Durante su intervención, Lázaro ha señalado que se han registrado 165 actos de violencia contra personal sanitario, un 20 % más, aunque no ha precisado en sus declaraciones el ámbito territorial ni el periodo al que corresponden estas cifras.
Sin embargo, ha advertido de que las estadísticas conocidas no reflejan la verdadera dimensión del problema porque numerosos episodios de violencia psicológica nunca llegan a denunciarse.
«La dimensión real de la violencia contra el personal sanitario es un fenómeno iceberg», ha afirmado.
Según ha explicado, los registros recogen principalmente las agresiones físicas y los comportamientos violentos más graves, mientras que insultos, humillaciones, vejaciones y faltas de respeto quedan frecuentemente fuera de las estadísticas.
«Las cifras que hay no son reales porque no incluyen este tipo de comportamiento violento psicológico», ha insistido.
Lázaro ha señalado que los propios profesionales deben denunciar también estas situaciones, incluso cuando no existen lesiones físicas, porque el maltrato psicológico puede provocar importantes consecuencias emocionales.
A su juicio, visibilizar estos episodios permitiría reconocer la violencia en el ámbito sanitario como un problema social de mayor dimensión y obligaría a las administraciones a reforzar las medidas de prevención y protección.
«La violencia psicológica también afecta mucho a nivel emocional al médico o al enfermero», ha subrayado.
Una concentración tras las amenazas a una médica en Sant Antoni
La concentración de este martes se ha celebrado a las puertas del Centro de Salud de Sant Antoni, donde el pasado 17 de julio ya tuvo lugar otra movilización para denunciar la violencia contra sus profesionales.
El nuevo acto ha sido convocado después de que una médica del centro tuviera que abandonar su consulta al sentirse amenazada por una paciente.
David Fernández, médico del 061 y portavoz de SIMEBAL en Ibiza y Formentera, ha recordado lo sucedido durante su intervención.
«Nos hemos reunido aquí para denunciar, una vez más, una nueva agresión a una médico de este centro que tuvo que huir de su consulta porque estaba amenazada por una paciente», ha explicado.
Fernández ha lamentado que estos episodios se estén repitiendo y ha reclamado una respuesta inmediata de las autoridades sanitarias.
«Queremos decir basta. Estamos aquí para ayudar a la gente y la gente tiene que respetar nuestro trabajo», ha manifestado.
El portavoz sindical ha reclamado mayor seguridad y vigilancia continua en el Centro de Salud de Sant Antoni, además de todas las medidas necesarias para que los profesionales puedan desarrollar su actividad sin temor.
La agresión a un técnico del 061, otro antecedente reciente
Durante la concentración, Fernández también ha recordado la agresión sufrida recientemente por un técnico de emergencias sanitarias del 061 en Ibiza.
Como ya informó La Voz de Ibiza, un profesional de 27 años sufrió lesiones en el antebrazo derecho el pasado 28 de octubre durante el traslado involuntario de una paciente desde Santa Eulària al Hospital Can Misses.
El sanitario explicó a este periódico que la mujer, inicialmente colaboradora, comenzó a mostrar una actitud cada vez más violenta durante la intervención. El trabajador presentó una denuncia ante la Guardia Civil al día siguiente.
Fernández ha utilizado este caso para recordar que la violencia no afecta exclusivamente a los médicos, sino también a enfermeros, técnicos de emergencias y otros trabajadores sanitarios.
Por su parte, Lázaro ha advertido de que estos episodios pueden dejar secuelas psicológicas en los profesionales y deteriorar la relación con sus pacientes.
«Agredir a una doctora es agredir también a la calidad asistencial», ha concluido.
