El Govern balear ha puesto un frenazo al proyecto para instalar 15 puntos de fondeo en la bahía de Santa Eulària al detectar riesgos significativos en la posidonia: la mayoría de los amarres estaban ubicados sobre las praderas. Por eso, ha obligado a someterlo a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
La resolución, publicada este martes el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB), establece que cuatro de los amarres proyectados deben eliminarse por situarse directamente sobre esta planta marina protegida, mientras que otros cuatro tendrán que cumplir nuevas condiciones ambientales.
La decisión afecta al proyecto impulsado para ordenar el fondeo de embarcaciones junto al puerto deportivo de Santa Eulària, una iniciativa que pretendía reducir los amarres incontrolados y sus efectos sobre los fondos marinos. Sin embargo, el análisis ambiental concluye que parte de las instalaciones previstas podría provocar precisamente los daños que se intentan evitar.
Cuatro fondeos directamente sobre posidonia
Según la resolución publicada en el BOIB, los puntos de fondeo identificados con los números 12, 13, 14 y 15 están situados sobre praderas de Posidonia oceanica.
Su instalación estaba prevista mediante bloques de hormigón depositados en el fondo marino, un sistema que los técnicos consideran incompatible con la conservación de estas áreas protegidas.

El informe advierte de que los bloques pueden provocar la destrucción de las plantas por aplastamiento, además de daños adicionales por desplazamientos y movimientos del sistema de amarre. Por este motivo, concluye que la instalación de esos cuatro puntos resulta ambientalmente inviable y exige su eliminación.
Otros cuatro fondeos, identificados con los números 5, 8, 10 y 11, se encuentran muy próximos a las praderas. Si se utilizan bloques de hormigón, deberán instalarse al menos a cinco metros de cualquier zona ocupada por posidonia o Cymodocea nodosa, otra planta marina protegida.
Además, los técnicos exigen estudiar en cada ubicación la viabilidad de anclajes de menor impacto, como sistemas helicoidales o tipo Manta Ray, que deberán sustituir a los bloques de hormigón cuando resulte técnicamente posible.
Rechazo al trasplante de plantas marinas
Otro de los aspectos relevantes es que el proyecto contemplaba retirar ejemplares de posidonia y trasplantarlos a zonas arenosas para reducir los efectos de la instalación.
La resolución rechaza esta solución al considerar que el trasplante sobre arena no garantiza la supervivencia de las plantas y puede presentar tasas de éxito muy bajas o nulas.
Por ello, establece expresamente que no se podrá trasplantar ni trasladar ningún ejemplar de Posidonia oceanica como parte de las actuaciones previstas. Los técnicos defienden que debe evitarse la afección directa al ecosistema en lugar de intentar compensarla posteriormente.
Proyecto para embarcaciones de hasta 20 metros
La propuesta original contempla 15 puntos de fondeo para embarcaciones de entre 8 y 20 metros de eslora, distribuidos según el tamaño de los barcos y la profundidad de la bahía.
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Las boyas funcionarían durante la temporada comprendida entre mayo y octubre. Fuera de ese periodo se retirarían los elementos flotantes, mientras que los sistemas de anclaje permanecerían en el fondo marino.
El Ayuntamiento de Santa Eulària había informado favorablemente el proyecto en diciembre de 2025, al considerar que podía contribuir a ordenar la bahía, aunque reclamó condiciones para proteger el entorno y evitar conflictos entre usuarios.
La resolución ambiental también señala que el proyecto no se ajusta plenamente a la distribución contemplada en el Plan General de Puertos, que prevé seis puntos de fondeo asociados a las instalaciones portuarias. La propuesta examinada contempla tres dentro de la zona de servicio del puerto y otros en aguas exteriores.
Evaluación ambiental más exigente
La Dirección General de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental concluye que no puede descartarse que el campo de boyas tenga efectos adversos significativos sobre el medio marino.
Por tanto, exige una evaluación ambiental ordinaria que analice, entre otros aspectos, las consecuencias sobre la posidonia, las especies protegidas y el espacio de la Red Natura 2000 próximo a la zona de actuación.
También reclama una prospección para detectar posibles ejemplares de nacra, molusco catalogado en peligro de extinción, y un seguimiento periódico de los fondos marinos y del estado de conservación de las praderas.
El nuevo procedimiento incluirá una fase de información pública de al menos 30 días, además de nuevas consultas a administraciones y entidades interesadas.
La decisión no supone el rechazo definitivo de todos los amarres, pero impide que el proyecto continúe con su diseño original y exige una evaluación más exhaustiva antes de su eventual autorización.
El caso se suma a las dificultades de tramitación de otros proyectos de fondeo regulado en Ibiza, como las 30 boyas ecológicas de Es Jondal, cuya autorización sigue pendiente. La protección de la posidonia y la necesidad de ordenar los amarres siguen condicionando las nuevas instalaciones náuticas de la isla.











