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De Sa Real a Sant Jordi: cinco casos en los que Triguero rectificó en los últimos meses

El gobierno municipal ha renunciado a un macroaparcamiento, reformulado la intervención en Sa Colomina, suspendido la licencia del Corso y aceptado modificar el proyecto ciclista de la avenida Sant Jordi. A esos episodios se suma la retirada de la valla ilegal colocada en la vivienda en la que residió fraudulentamente durante al menos seis semanas
Rafael Triguero ha tenido que rectificar varios planes en los últimos meses.

El Ayuntamiento de Ibiza, gobernado por Rafael Triguero (PP) con amplia mayoría absolulta, ha rectificado o revisado durante los últimos seis meses varias decisiones municipales después de las protestas vecinales o de que sus propios servicios técnicos advirtieran problemas en los expedientes. De hecho, la rectificación se ha convertido en norma en Can Botino.
«Rectificar es de sabios, pero es de necios hacerlo a diario», dejó dicho para la historia Felipe González en relación a los continuos cambios de postura de Pedro Sánchez.
Desde la renuncia al aparcamiento de Sa Real, el 5 de junio, hasta los cambios anunciados este 18 de noviembre en el carril bici de la avenida Sant Jordi, el Consistorio ha tenido que reconsiderar actuaciones que ya había presentado públicamente o autorizado. A esa relación se añade la retirada de un cerramiento instalado en un inmueble en el que que el alcalde y su familia residieron irregularmente en Can Misses, un episodio personal que salpica la gestión del gobierno municipal.

Aunque no todas las rectificaciones tienen el mismo alcance, hay una circunstancia que se repite en varios de los expedientes: las decisiones iniciales terminaron siendo revisadas después de que vecinos afectados expresaran su oposición o de que aparecieran objeciones técnicas y administrativas.

La hemeroteca de La Voz de Ibiza permite seguir esa secuencia a lo largo de los últimos meses.

Primera rectificación: una valla que desapareció por etapas

El primer episodio tuvo como protagonista al propio alcalde. A comienzos de mayo, La Voz de Ibiza publicó que Triguero había instalado un cerramiento de paneles opacos de aluminio en el patio de un inmueble reconvertido en vivienda de precio limitado en Can Misses.

La investigación de este periódico cuestionó su adecuación al artículo 120 del Plan General de Ordenación Urbana y señaló que no constaba la comunicación previa necesaria para instalar el cerramiento, además de la falta de autorización de la comunidad de propietarios. Las fotografías publicadas documentaron también lo que ocurrió después: primero desaparecieron los paneles del frontal, visibles desde la calle, mientras se mantenía el lateral.

El 14 de mayo, La Voz de Ibiza informó de la retirada del tramo que todavía permanecía instalado. El cerramiento había desaparecido por completo tras la publicación de la investigación. Triguero, por su parte, defendió públicamente la legalidad de sus actuaciones relacionadas con el inmueble, rechazó las acusaciones y denunció una campaña de difamación contra él.
No fue la única marcha atrás del caso, ya que Triguero y familia abandonaron la vivienda en el que habían vivido irregularmente durante semanas, ya que no tenía la condición de VPL y la familia no tenía derecho a ocuparla porque su mujer tenía más patrimonio del exigido por la ley aprobada por el Partido Popular, a pesar de la operación calificada como fraude de ley de poner parte de los inmuebles familiares a nombre de los hijos menores. El Govern sigue, meses después, sin aclarar si los pactos sucesorios son válidos para sortear sus propias limitaciones.

El antes y el después de la valla ilegal lateral en la VPL de Triguero.

749 aparcamientos que no llegaron a construirse

El caso de Sa Real constituye la marcha atrás más clara del gobierno municipal. El 5 de junio, Triguero anunció la renuncia definitiva al macroaparcamiento previsto en el bulevar Abel Matutes, después de tres meses de movilización vecinal.

La cronología reconstruida por La Voz de Ibiza muestra que el expediente había comenzado en octubre de 2023 y había avanzado durante más de dos años. El 26 de febrero de 2026, el Ayuntamiento impulsó el estudio de viabilidad y el anteproyecto y aprobó en pleno el reglamento para su explotación privada.

La infraestructura contemplaba 749 plazas de estacionamiento, distribuidas entre una planta subterránea y cuatro plantas sobre rasante, con una concesión prevista de 40 años. El proyecto suponía una inversión estimada de unos 26 millones de euros y preveía la tala de cerca de un centenar de árboles.

Su presentación pública, el 5 de marzo, desencadenó la reacción de los residentes. Los vecinos expresaron su preocupación por la pérdida de arbolado, el incremento del tráfico, las molestias de las obras y sus posibles consecuencias sobre el colegio y las viviendas del entorno. Organizaron concentraciones, una manifestación y una recogida de casi 2.500 firmas.

Después de anunciar que estudiaría modificaciones, el Ayuntamiento terminó descartando toda la actuación. Triguero comunicó personalmente la decisión a los vecinos que acudieron a registrar las firmas. La versión municipal fue que había decidido escuchar las demandas ciudadanas y buscar alternativas capaces de conciliar las necesidades de aparcamiento con las de los residentes.

La renuncia llegó después de una tramitación que ya había comprometido recursos administrativos. El Ayuntamiento había adjudicado por 78.381 euros la asistencia técnica para los estudios y la documentación del proyecto. Posteriormente reconoció haber realizado pagos por los trabajos preparatorios, aunque la información publicada no permite establecer el desembolso definitivo.

El expediente terminó archivado en agosto y, en octubre, el gobierno municipal impulsó una modificación urbanística para crear una zona verde en el entorno. Donde había proyectado uno de los principales aparcamientos de la ciudad, el Ayuntamiento pasó a promover un parque.

Sa Colomina cambia de proyecto en menos de dos semanas

La siguiente modificación llegó apenas siete días después de la renuncia a Sa Real. El 12 de junio, el Ayuntamiento anunció un acuerdo con los vecinos para rehacer el anteproyecto de reforma de la plaza de Sa Colomina.

El diseño inicial se había presentado el 29 de mayo. Planteaba transformar el espacio mediante nuevas áreas de convivencia y equipamientos, entre ellos gradas, un pipicán, una zona infantil y otra destinada a calistenia. También incluía medidas para aumentar la vegetación y mejorar las condiciones ambientales de la plaza.

Una plataforma integrada por residentes y comerciantes rechazó varios de esos elementos. Los vecinos cuestionaron que la actuación respondiera a las necesidades del barrio y advirtieron de que algunas instalaciones podían alterar el carácter de la plaza y generar problemas de convivencia. También reclamaron preservar las zonas verdes y mejorar el mantenimiento.

El gobierno municipal aceptó retirar los elementos más discutidos. Las tenientes de alcalde Gema Marí y Blanca Hernández mantuvieron una reunión con la plataforma vecinal tras la cual se acordó excluir el pipicán, las gradas, los parques infantil y de calistenia y las barreras arquitectónicas planteadas en el diseño inicial.

La intervención pasó a centrarse en la renovación del pavimento, la conservación del arbolado, las zonas verdes, el mobiliario, la iluminación y la seguridad, incluida la instalación de cámaras de videovigilancia.

El Ayuntamiento mantuvo la reforma, pero renunció a varios de sus componentes principales después de que los vecinos se organizaran para solicitar un diseño diferente.

Plaza de Sa Colomina

Corso, de licencia concedida a obras suspendidas

El expediente del Hotel Ibiza Corso, acerca del cual La Voz de Ibiza lleva ocho meses informando, tiene una naturaleza distinta y mayor complejidad jurídica. Se trata de una autorización urbanística concedida a una iniciativa privada cuya tramitación ha sufrido sucesivos reveses administrativos.

El Ayuntamiento otorgó el 9 de febrero de 2026 la licencia urbanística número 11/2026 para la reforma y ampliación del establecimiento, donde se proyectaba un espacio recreativo vinculado a Lío Ibiza. La autorización se había tramitado al amparo de un régimen excepcional de modernización turística y partía, entre otras premisas, de la existencia de una sala de fiestas previamente habilitada.

Sin embargo, a raíz de los recursos vecinales, el propio Consistorio revisó aspectos determinantes del expediente. El 7 de julio reconoció que no constaba el título habilitante de sala de fiestas que se había considerado inicialmente. Posteriormente, un informe técnico municipal del 22 de julio advirtió de que el proyecto excedía el límite de ocupación permitido por el régimen excepcional utilizado.

La situación desembocó en una decisión formal el 17 de septiembre, cuando el Ayuntamiento suspendió la eficacia de la licencia y prohibió iniciar o ejecutar las obras amparadas por ella mientras continuara vigente esa suspensión. La resolución no supuso su anulación definitiva.

Los acontecimientos posteriores han complicado todavía más el expediente. Según la documentación publicada este 19 de noviembre por La Voz de Ibiza, el Ayuntamiento denegó mediante un decreto del 23 de octubre el proyecto modificado que la promotora había presentado para corregir el exceso de ocupación. También archivó un expediente de legalización abierto desde 2016.

La promotora Turismo Balear y Lío Ibiza han recurrido las decisiones municipales, mientras los vecinos de Illa Plana mantienen su oposición al proyecto. Además, existen procedimientos contencioso-administrativos relacionados con la licencia y continúa pendiente el pronunciamiento del Consell sobre el informe turístico favorable que sustentó su concesión.

La macrodiscoteca en el Hotel Corso preveía accesos independientes. (Imagen ilustrativa).

Ajustes en carril bici sin renunciar al trazado

El último episodio de esta secuencia se produjo el 18 de noviembre, cuando Triguero participó en una reunión con vecinos afectados por las obras de prolongación del carril bici de la avenida Sant Jordi hasta la calle de Persèfone.

Los residentes de los edificios Imbossa y Proimbiza habían cuestionado la pérdida de estacionamientos que podía provocar el proyecto. Según sus cálculos, la actuación inicial suponía eliminar 37 de las 125 plazas existentes en el tramo afectado, una reducción cercana al 30%.

Tras varios escritos y encuentros, el Ayuntamiento anunció que introduciría modificaciones para conservar el mayor número posible de aparcamientos.

Los representantes vecinales explicaron que la propuesta municipal contemplaba ajustar la anchura de la acera para mantener plazas de estacionamiento en batería y habilitar nuevas plazas en la calle de les Alzines y otras vías próximas.

El Ayuntamiento, no obstante, ha dejado claro que mantiene el diseño del carril bici. También descartó, por motivos de seguridad, una distribución alternativa presentada por los residentes. Estos todavía esperan recibir los planos actualizados para conocer el resultado definitivo de las modificaciones y cuántas plazas se conservarán.

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