El Consell de Ibiza ha aprobado la disposición séptima del Decreto Ley 3/2004, el cual permite la legalización de construcciones en suelo rústico fuera de ordenación o con infracciones urbanísticas prescritas. Este proceso de legalización tendrá una vigencia de tres años.
Los infractores que se adhieran deberán pagar tasas e impuestos, además de una respectiva multa. El vicepresidente primero del Consell de Ibiza, Mariano Juan, ha destacado que cumplen «con cada palabra dada en nuestro programa electoral» y que «se saca del limbo jurídico a muchas familias que han heredado alguna vivienda con algún tipo de infracción«.
«No se puede ignorar a esta gente, porque les aboca a reformar ilegalmente sus viviendas, a la ilegalidad permanente. Se trata de aprovechar lo que ya está hecho hace tiempo: no supone más impacto en suelo rústico, sino reducir los impactos que ya existen», ha asegurado Juan en declaraciones que compartió Periódico de Ibiza y Formentera.
Rechazo
Por su parte, Unidas Podemos cuestiona esta aprobación y el conseller Óscar Roríguez, asegura que se «premia a los infractores» mientras que «no se beneficia a la gente que ha hecho un esfuerzo para cumplir la legalidad».
Desde el PSOE mostraron su preocupación por el desconocimiento de cuánto impactará esta medida de manera real en Ibiza. «Castigan a quien lo ha hecho bien y premian al infractor. ¿Sabemos cuantas aplicaciones legales tenemos? ¿Sabemos cuántas piscinas ilegales tenemos?», planteó la consellera Elena López.
