El Gobierno estudia una posible modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para regular los pisos turísticos como una actividad económica más. Así lo ha explicado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que le dará más entidad a las comunidades de vecinos para que participen en esta decisión.
La titular de Vivienda quiere considerar estas actividades como económicas y que se rijan como el resto de ellas y que cuando entren en conflicto con el acceso a la vivienda del Gobierno, los ayuntamientos le den prioridad al derecho de acceso.
Rodríguez ha solicitado que cada uno cumpla con sus competencias y ha celebrado que haya ayuntamientos que hayan tomado cartas en el asunto. Por ejemplo, Barcelona los va a prohibir para beneficiar a la ciudadanía priorizando el derecho a la vivienda frente a intereses económicos. En este marco, ha pedido que todas las administraciones se involucren y garanticen el derecho a una vivienda porque el surgimiento de estos alojamientos colisiona con el derecho mencionado antes, elevando el precio de los alquileres como una consecuencia directa.
La ministra ha confirmado en una entrevista con Telecinco que compartió Mallorca Diario que el Gobierno está valorando una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para vetar los apartamentos turísticos en las comunidades de propietarios, al considerar que las viviendas ejercen una actividad económica.
Argumentos
Rodríguez ha subrayado que esta decisión es producto de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ya se pronunció en dos sentencias en dos vecindarios de Oviedo y San Sebastián el año pasado. Los magistrados concluyeron que el alquiler de viviendas para uso turístico es una actividad económica, por lo que dio la razón a dos comunidades de propietarios, y ordenaron el cese de la actividad de alquiler turístico.
«A partir de ahí, van a ser las comunidades de vecinos las que van a poder también participar en este tipo de decisiones, porque este fenómeno, que no es exclusivo de nuestro país, afecta a todo el mundo y a las principales capitales del entorno europeo», ha añadido.
En esta línea, Rodríguez asegura que los pisos turísticos están colisionando con el derecho y el acceso a una vivienda digna. Es por ello que ha valorado a las comunidades autónomas que «toman cartas en el asunto», como Barcelona, que para 2028 quiere eliminar todos los pisos turísticos.
