El Instituto de Medicina Legal y Forense será el encargado de decidir y realizar las pruebas necesarias para determinar la edad de los menores inmigrantes no acompañados que llegan a Baleares y sobre los que existen dudas respecto a su minoría de edad.
Este nuevo enfoque, enmarcado en un acuerdo de colaboración institucional, fue presentado por autoridades de salud y justicia en la comunidad.
Un cambio en el proceso de evaluación
El subdirector de Humanización del IbSalut, Gabriel Rojo, el fiscal de Menores, José Díaz Cappa, y la directora insular de Centros y Programas de Atención Integral a la Infancia del IMAS, Margdalena Ramis, explicaron que el protocolo busca optimizar el tiempo y la precisión en los procesos de determinación de edad.
A diferencia del modelo anterior, donde se realizaba exclusivamente una radiografía del carpio, ahora serán los forenses quienes determinen qué pruebas se realizarán, interpretarán los resultados y emitirán los informes finales.
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Estas pruebas, que continúan haciéndose en el Hospital Son Espases, podrán incluir, además de la radiografía del carpio, una ortopantomografía. Según Rojo, esta combinación permite resultados «más exactos» en la determinación de edad.
Resultados y cifras del año
Desde la entrada en vigor del nuevo protocolo el pasado 5 de diciembre, 17 menores inmigrantes han llegado a las islas, de los cuales dos han sido sometidos a las nuevas pruebas. Durante 2024, se han gestionado 73 expedientes de determinación de edad en Baleares. De estos, 55 han confirmado que los menores evaluados eran efectivamente menores de edad, mientras que 18 resultaron ser mayores.
En lo que va del año, Baleares ha recibido un total de 347 menores inmigrantes no acompañados, según los datos aportados por Ramis. Estas cifras subrayan la importancia de contar con un procedimiento ágil y fiable para abordar las necesidades específicas de este colectivo vulnerable.
Un esfuerzo institucional coordinado
El nuevo acuerdo sigue las directrices de un protocolo marco europeo que busca proteger los derechos de los menores inmigrantes no acompañados y ofrecer garantías tanto para ellos como para las instituciones.
Según explicaron las autoridades, el objetivo final es asegurar que las pruebas realizadas sean las más adecuadas y que los resultados se utilicen para tomar decisiones justas en su proceso de acogida.
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