Vicent Marí ha criticado al Partido Socialista y a la Oficina Anticorrupción y los ha responsabilizado por acusarlo injustamente. Tras ser sobreseído en la causa “La Vida Islados”, el presidente del Consell de Ibiza, ha señalado que ambas actores no han “estado interesados nunca en la verdad, sino que el único objetivo era difamar a un adversario político».
Durante una “valoración personal” que ha querido hacer en su comparecencia judicial, El presidente ha destacado: “Desde el primer día sólo he pedido una cosa: que se me escuchara, pero no se me quiso escuchar nunca”. Y ha agregado; “He tenido que aguantar insultos y comentarios que faltaban en la verdad”.
“Cuando he podido hablar y he podido presentar pruebas, esta denuncia se ha archivado”, ha concluido.
En cuanto al tráfico de influencias, ha concluido que la denuncia se basaba en «vagas sospechas iniciales» que durante dos años no han sido confirmadas con ningún dato que demuestre una relación personal con la adjudicataria del contrario y, sobre las posibles coacciones a la interventora, tampoco hay indicios de «presión arbitraria sobre esta persona».
En su valoración, Marí ha destacado que se ha llegado hasta aquí «por los intereses partidistas y de una Oficina Anticorrupción dirigida por socialistas, que se ha demostrado que nunca se han interesado por la verdad».
Por otro lado, Marí ha querido agradecer el apoyo incondicional brindado por su familia, su equipo y su entorno más próximo. «Ha sido un proceso muy largo y muy duro para ellos”, ha dicho.
El presidente ha pronunciado estas palabras acompañado de todo el equipo de Gobierno, en una sala de prensa donde le acompañaban alcaldes, diputados autonómicos, un senador y un diputado nacional, además de directores insulares y trabajadores de la institución.
Sobreseimiento
Marí, compareció para confirmar el archivo provisional de la investigación que durante dos años ha realizado el Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza a raíz de una denuncia por supuestas irregularidades en la contratación de una campaña de promoción turística por la vía de emergencia, que fue elevada a fiscalía por parte de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de las Islas Baleares, ya la que se adhirieron el PSOE, el empresario Francisco Vilás y la interventora del Consell Insular de Ibiza.
El juez considera probado, en base a pruebas y testificales analizadas que no se cometió ninguno de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y coacciones en la interventora, que se le atribuían en el relato.
Concretamente, el delito de prevaricación queda descartado porque el juez entiende que la intervención del presidente «se hizo conforme a Ley, estaba sustentada en informes técnicos y sus decisiones podían ser recurridas», poniendo de manifiesto que pese a las opciones de hacerlo, no se llevó este caso al juzgado de lo contencioso-administrativo.
