SANT ANTONI

Vecinos de Sant Rafel denuncian la reactivación de la planta asfáltica

La comunidad reclama al Ayuntamiento y al Govern balear el incumplimiento del compromiso de desmantelamiento
Plana asfáltica de Sant Rafel.
Planta asfáltica de Sant Rafel. Foto: IB3.

La reactivación de la planta asfáltica en el polígono de Montecristo, en Sant Rafel, ha generado una nueva ola de descontento entre los vecinos afectados.

En un comunicado, los residentes han expresado su “profunda indignación” y han acusado a las instituciones locales y autonómicas de no cumplir con las promesas realizadas, que garantizaban el cierre definitivo de la instalación para el pasado 15 de diciembre de 2024.

Riesgos para la salud y el medio ambiente

Desde el inicio de su funcionamiento, los vecinos han manifestado su preocupación por los problemas que, según denuncian, provoca la planta. Las emisiones de contaminantes, el ruido, los olores y el riesgo de contaminación de los acuíferos son algunos de los aspectos que, aseguran, impactan negativamente en su calidad de vida. “Las instituciones han ignorado nuestras preocupaciones, dejando a la comunidad en una situación de vulnerabilidad”, señalan en el comunicado.

Además, critican la falta de una evaluación de impacto ambiental adecuada, pese a que en su momento fue prometida como una medida de control. Para los residentes, esta ausencia representa una falta de compromiso con la protección de la salud y el medio ambiente.

Desconfianza hacia las autoridades

El malestar de los vecinos también se dirige hacia el Ayuntamiento de Sant Antoni y el Consell de Ibiza, cuyas autoridades habían asegurado que la planta era una instalación temporal. El alcalde Marcos Serra y el presidente del Consell, Vicent Marí, afirmaron en varias ocasiones que la actividad finalizaría en diciembre de 2024, algo que, según los vecinos, no se ha cumplido.

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“Nos sentimos abandonados por unas instituciones que han fallado en proteger nuestros derechos”, apuntan desde la comunidad afectada.

Investigación en curso

La denuncia vecinal llegó a la Fiscalía, que ha iniciado una investigación penal encargando un informe al Seprona. Los afectados se mantienen a la espera de los resultados de esta investigación, que consideran clave para determinar los impactos ambientales y posibles responsabilidades.

Los vecinos, por su parte, no descartan llevar a cabo nuevas movilizaciones con el objetivo de visibilizar su situación y exigir respuestas concretas. La reactivación de la planta ha intensificado un conflicto que, de momento, no parece cerca de resolverse.

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