La obligación de desmontar los chiringuitos al final de cada temporada durante todos los años que dure la concesión por un plazo de 30 días –como mínimo- había formado parte de los argumentos de una de las múltiples alegaciones de los antiguos adjudicatarios para solicitar al Consell Insular de Formentera el desistimiento del megaconcurso bajo sospecha.
Esto fue desoído por la Mesa de Contratación que decidió avanzar con las adjudicaciones a pesar de todas las recomendaciones que iban en sentido contrario: desde los informes técnicos que alertaba que la adjudicación causaría graves perjuicios a la institución hasta las recomendaciones del reconocido catedrático de la Universidad delas Islas Baleares (UIB).
Este escrito que desoye las alegaciones fue firmado por la propia Verónica Castelló el 2 de mayo de 2024, como “vicepresidenta primera, Consellera de Movilidad y Gestión Ambiental y presidenta en funciones” (de la Mesa de Contratación). Lo surrealista es que ahora es la propia Castelló busca todas herramientas para evitar el desmontaje e incluso descarga responsabilidades en la anterior administración.
La reclamación
Tal como obran los documentos en poder de La Voz de Ibiza, el 9 de febrero del 2024, al menos cinco de los seis antiguos concesionarios presentaron un recurso ante el Consell solicitando el “desistimiento de la licitación” en base a una serie de alegaciones.
Allí advertían que el “cambio de las condiciones de la concesión respecto de las licitadas supone una alteración del objeto del contrato que obliga al desistimiento del procedimiento de licitación”.
Además, argumentaban que “una vez obtenidos los títulos concesionales, cuyos derechos de explotación son objeto de cesión, el objeto contractual definido en los Pliegos respecto de los lotes de quiosco y que ha sido objeto de la licitación ha sufrido variaciones importantes, de forma que las ofertas de los licitadores no se formularon según las nuevas condiciones y afecta al principio de libre concurrencia por cuanto otros potenciales licitadores no han podido conocer de antemano las condiciones que regirían el contrato”.
En el punto 4, los antiguos concesionarios resaltaban la “obligación de desmontar anualmente”, algo estipulado en el Reglamento General de Costas y que se encontraba en el título concesional. Por lo que nadie podía argumentar desconocer tal requerimiento.
Esto, según sostenían, implicaba “cambios en el diseño e implantación de los quioscos, que al requerir su desmontaje anual deben prever sistemas que lo faciliten (no es asimilable el desmontaje anual a un montaje e instalación en los ocho años de duración del contrato)”.
A eso se le sumaba la reducción del período de explotación “al condicionar el otorgamiento de la concesión al cumplimiento de la obligación de desmontar las instalaciones cada año, con la consecuente alteración del equilibrio del contrato”. Es que de los 12 meses previstos, se pasaba a 11 meses operativo.
Tampoco se había tenido en cuenta en la presentación de la oferta inicial “los costes derivados de los procesos de montaje y desmontaje”.
Respuesta negativa
Sin resolver las cuestiones de fondo a las alegaciones presentadas, Castelló ignoró esas alegaciones y avaló las adjudicaciones como presidenta excepcional de la Mesa de Contratación.
La respuesta llegó recién casi tres meses después, cuando el procedimiento plagado de irregularidades ya estaba cerrado.
“Le informamos de que en fecha 26 de abril de 2024 la Junta de Gobierno del Consell Insular de Formentera adoptó el acuerdo ‘PRP2024/406 Propuesta de adjudicación de los lotes de servicios de temporada del expediente de contratación de la cesión de los derechos de explotación de los servicios de temporada en playas para las temporadas 2023 a 2028 del término municipal de Formentera’ por el cual se acordó la adjudicación de los lotes 3, 19, 24, 35, 38, 43 y 50”, fue la respuesta.
