Tras conocerse los detalles de la base del concurso para adjudicar la gestión y explotación de los amarres, la estación de suministro de combustible, el varadero y los locales comerciales del puerto de Botafoc, la empresa Servicios Portuarios Botafoch, del empresario Ángel Bustos, ha interpuesto un recurso cuestionando la propuesta de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB).
Esta acción legal ha sido interpuesta por el abogado Francisco Javier Jiménez de Cisneros, alegando que las bases del concurso establecen restricciones que limitan la competencia y benefician a grandes operadores, dejando en desventaja a otras empresas igualmente capacitadas para asumir la concesión, según ha detallado el sitio Gaceta Náutica.
Entre los puntos cuestionados del concurso se encuentran la prohibición de presentarse en Unión Temporal de Empresas (UTE), el requerimiento de un patrimonio neto mínimo de 5 millones de euros y la experiencia previa en la gestión de instalaciones con al menos 350 amarres.
Estas exigencias –según argumenta Servicios Portuarios Botafoch- son arbitrarias y desproporcionadas en comparación con otros procesos de adjudicación similares.
Ocupación Temporal
La nueva concesión para explotar el puerto deportivo de Marina Botafoc tendrá un plazo de dos años más un tercero prorrogable, en función de la fecha de aprobación definitiva del Plan Especial del Puerto de Ibiza, instrumento que está aprobado inicialmente, pendiente de la resolución de las alegaciones presentadas y de la aprobación definitiva, para la que no hay fecha.
Así lo aprobó el Consejo de Administración de Autoridad Portuaria de Baleares en la sesión celebrada en noviembre pasado.
El plazo de explotación del nuevo concesionario empezará en marzo de 2025. Serán, pues, dos años más, como mínimo, de interinidad en una concesión que requiere importantes inversiones. De hecho el Plan Especial contempla una profunda remodelación de toda el área.
La Voz de Ibiza ya había adelantado que estas eran las intenciones de Autoridad Portuaria de Baleares en relación a una de las joyas de la corona del puerto de Ibiza. Al menos para sus intereses por su contribución económica a las arcas del ente portuario. No en vano, la APB ingresa la friolera de 10 millones de euros al año fijos y un 4% del volumen de negocio del concesionario.
La APB ha justificado el nuevo parche contrario a una concesión a largo plazo, de entre 20 y 30 años, que permita amortizar las importantes inversiones que «esta instalación requiere», a la falta del Plan Especial.
El objeto de este concurso es la elección de la solución más ventajosa para el otorgamiento de una concesión administrativa para la gestión y explotación de una parcela de 97.000 metros cuadrados, de los que 43.000 metros cuadrados corresponden a superficie de tierra, sobre la que se levantan una serie de edificaciones destinadas a usos comerciales, una estación de servicio para el suministro de combustible a embarcaciones de recreo y una zona destinada a varada y reparación de embarcaciones. Además, se contemplan más de cincuenta y cuatro metros cuadrados de espejo de agua en el que se presta el servicio de amarre a 432 embarcaciones distribuidas en cinco pantalanes.
