La crisis de la vivienda ha vuelto a centrar el debate político en Baleares. La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asegurado este martes en el Parlament que su Ejecutivo trabaja para garantizar viviendas dignas a los residentes y ha calificado de “drama social” que haya familias viviendo en caravanas.
«Que la gente tenga que vivir en una caravana es la peor cara de la crisis de la vivienda. No podemos normalizarlo, como tampoco los asentamientos e infraviviendas, tres modalidades de vivienda que proliferaron con la izquierda en el Govern», ha afirmado Prohens, en respuesta a la diputada de Podemos Cristina Gómez, quien recordó la manifestación del pasado fin de semana en Palma en la que varias familias en caravanas protestaron por la falta de acceso a un alquiler asequible.
El rifirrafe ha subido de tono cuando Gómez ha acusado a Prohens de no usar 526 viviendas de grandes tenedores que están cerradas, asegurando que podrían destinarse a familias en situación de vulnerabilidad. «Prefiere criminalizar a las familias vulnerables mientras el alcalde de Palma, del PP, impone sanciones económicas a las caravanas», ha criticado.
Prohens ha respondido con dureza: «Criminalizo a los okupas e inquiokupas, no a las familias. Sus recetas fracasadas no vendrán aquí con el Govern del PP. Usted los okupas, nosotros el trabajo».
El precio del alquiler y el debate sobre la zona tensionada
El portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ha preguntado a la presidenta qué soluciones propone el Govern ante la escalada de precios de los alquileres, que, según ha dicho, «están subiendo de forma masiva cuando vencen los contratos porque sus medidas no han funcionado».
Prohens ha defendido su plan de choque de vivienda, que incluye la construcción de 7.500 viviendas para residentes, alquileres a precio limitado y seguridad jurídica para los propietarios. También ha destacado que el Ibavi ha iniciado la construcción de 750 viviendas de alquiler social en el último año y medio y que 5.700 ciudadanos han recibido ayudas para la compra de su primera vivienda, con un ahorro total de 59 millones de euros.
«No nos temblará el pulso porque la manera de bajar el precio del alquiler es poner más vivienda en el mercado», ha asegurado.
La diputada socialista Mercedes Garrido ha insistido en que Baleares debe acogerse a la ley estatal para topar los alquileres en zonas tensionadas, ya que «Baleares es la comunidad con el mercado más caro y el más tensionado de España».
El conseller de Vivienda, José Luis Mateo, ha rechazado la propuesta y ha culpado a los gobiernos anteriores del problema: «El precio de la vivienda subió durante 8 años hasta máximos históricos: la venta creció un 90 % y el alquiler más de un 80 %”. Ha añadido que, en la última legislatura, se sumaron 92.000 plazas de alquiler turístico, muchas de ellas ilegales, sin que el Ejecutivo de izquierdas hiciera nada.
Mateo ha acusado a Garrido de haber autorizado más de 3.000 viviendas en suelo rústico cuando era consellera de Territorio en Mallorca, y de que, durante los 8 años de gobiernos de izquierdas, se aprobó casi la mitad de todas las licencias para construir en rústico desde 2003, con el 90 % de lo construido incluyendo piscina.
El debate sobre la vivienda sigue siendo uno de los puntos más conflictivos en Baleares, donde la falta de oferta, la presión turística y la subida de precios han llevado a una crisis habitacional sin precedentes.
