Un total de 1.961 funcionarios del Estado destinados en Menorca, Ibiza y Formentera están a un paso de ver multiplicado su plus de insularidad, con incrementos que pueden llegar a los 570 euros mensuales. Sindicatos y Ministerio de Función Pública retoman este lunes a las 12.00 horas la negociación para cerrar un acuerdo que actualizará la indemnización por residencia con efectos desde el 1 de julio, según ha trasladado el CSIF.
Una horquilla de 105 a 697 euros
La propuesta que el Gobierno central ha puesto sobre la mesa contempla una horquilla que oscila entre los 105 y los 697 euros mensuales, en función de la categoría profesional y el destino. La cuantía se ajusta al alza para compensar el sobrecoste de vivir y trabajar en el archipiélago, un desfase que los sindicatos llevan más de dos décadas reivindicando.
Desde CSIF en Baleares han subrayado que la negociación ha seguido abierta durante el fin de semana.
Ibiza y Formentera, las más beneficiadas
El salto es especialmente relevante en las islas menores. En Menorca, Ibiza y Formentera el incremento mensual oscilará entre 195 y 570 euros, frente a los 56 a 100 euros previstos para Mallorca. Según los datos facilitados por el CSIF, un funcionario del grupo AP —la categoría más baja— pasará de percibir 68,03 euros a cobrar 263,17 euros al mes. En el caso del grupo A1, la indemnización se multiplica por cinco: de 127,33 euros a 697,6 euros.
El motivo de esta compensación reforzada es lo que la administración denomina doble y triple insularidad, un factor que dificulta captar y retener personal en las Pitiusas y en Menorca. Sin ese incentivo, plazas en cuerpos estatales como la Policía Nacional, la Guardia Civil o la Agencia Tributaria quedan sistemáticamente sin cubrir.
Los administrativos, el grueso de la plantilla
Los 1.961 empleados públicos estatales con destino en Menorca, Ibiza y Formentera forman parte de los 11.200 funcionarios de la Administración General del Estado que trabajan en todo el archipiélago. Según los datos aportados por UGT, la mayor parte pertenece al grupo C1 (administrativos), con 1.366 trabajadores, seguido del A2, con 276; el A1, con 221; el C2 (auxiliares administrativos), con 85; y el grupo AP, con 13 funcionarios.
Este personal presta servicio en organismos como la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Administración de Justicia, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, entre otros.
Mallorca, con subidas más contenidas
En Mallorca las cifras son sensiblemente inferiores. La actualización supondrá un incremento neto de entre 56 y 100 euros mensuales según categoría: 105,31 euros para el grupo AP, 119,2 para el C2, 144,6 para el C1, 175,4 para el A2 y 214,61 para el A1.
Desde UGT, el secretario general de Servicios Públicos, Miguel Ángel Romero, se ha mostrado optimista sobre la reunión de este lunes. «Estamos haciendo todo lo posible por volver a Baleares con un acuerdo que permita lograr lo que llevamos más de dos décadas reivindicando», ha señalado. Romero ha reclamado además que se acabe con «la discriminación del personal del Estado» en las islas y que la mejora salarial permita «plantillas más estables», según ha declarado a Europa Press.
CSIF ve insuficiente la propuesta
El sindicato CSIF mantiene una posición más prudente y considera insuficiente la propuesta actual. Según ha trasladado la organización a mallorcadiario, la equiparación con Canarias excluye al grupo B y no incorpora los trienios, dos aspectos que juzga esenciales para una equiparación real. El sindicato insiste, además, en que la actualización debe entenderse como una medida específica para Baleares y no sustituye la reforma global de las indemnizaciones por residencia prevista en el Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público.
Equiparación con Canarias
El marco jurídico ya está listo. El Consejo de Ministros habilitó el pasado lunes, mediante una disposición adicional en un Real Decreto, la partida presupuestaria para equiparar el complemento balear al que perciben los funcionarios en Canarias. El acuerdo afectará a guardias civiles, agentes del Cuerpo Nacional de Policía, funcionarios de Justicia, de Instituciones Penitenciarias, de la Seguridad Social, de la Agencia Tributaria, de la Demarcación de Costas y de la Dirección General de Tráfico, entre otros colectivos.
Aunque los trámites administrativos se prolonguen, el Ejecutivo abonará las nuevas cantidades con efecto retroactivo desde julio. La expectativa entre los casi 2.000 funcionarios estatales destinados en las islas menores es alta: el nuevo plus de insularidad puede suponer la mayor mejora retributiva en la función pública estatal balear en más de veinte años.
