La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha adelantado que la licitación del concurso para adjudicar la gestión y explotación de los amarres, la estación de suministro de combustible, el varadero y los locales comerciales del puerto de Botafoc “conserva los tiempos estimados” después de que la empresa Servicios Portuarios Botafoch interpusiera un recurso cuestionando las condiciones de las bases de la licitación.
Con esto, la APB ignora el recurso presentado por el empresario Ángel Bustos y afirma que “no consta que se produzca retraso alguno”, tal como han manifestado ante el requerimiento de La Voz de Ibiza.
La nueva concesión para explotar el puerto deportivo de Marina Botafoc tendrá un plazo de dos años más un tercero prorrogable.
Será una nueva Autorización de Ocupación Temporal (AOT) de un mínimo de 24 meses y un máximo de 36 en función de la fecha de aprobación definitiva del Plan Especial del Puerto de Ibiza, instrumento que está aprobado inicialmente, pendiente de la resolución de las alegaciones presentadas y de la aprobación definitiva, para la que no hay fecha.
La difusión de los detalles de las bases del concurso ha despertado una reclamación de la empresa Servicios Portuarios Botafoch, que perdió el concurso anterior de manera injusta a manos de Ocibar.
Según sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB), fue un adjudicación injusta que debió haber ganado Servicios Portuarios Botafoch, SL, cuyo administrador único es el abogado Francisco Javier Jiménez de Cisneros, quien también está detrás de 12 Millas, la empresa que denunció el amaño del Club Náutico de Ibiza investigado en el marco del caso puertos.
Es que la oferta de Ocibar incumplía las bases ya que contemplaba más amarres de tránsito, los más lucrativos, que los autorizados. Incomprensiblemente, la Autoridad Portuaria no excluyó la oferta por este motivo y la dio por buena con correcciones, lo que fue clave para su nulidad.
Autoridad Portuaria debe indemnizar a Servicios Portuarios Botafoc con algo menos de 700.000 euros, cifra que no responde a la reclamación de la empresa y que cifra en dos millones de euros el monto del resarcimiento.
‘Traje a medida’
Ante lo que parece un traje a medida a favor de Ocibar, Francisco Javier Jiménez de Cisneros ha interpuesto esta acción legal alegando que las bases del concurso establecen restricciones que limitan la competencia y benefician a grandes operadores, dejando en desventaja a otras empresas igualmente capacitadas para asumir la concesión.
Entre los puntos cuestionados del concurso se encuentran la prohibición de presentarse en Unión Temporal de Empresas (UTE), el requerimiento de un patrimonio neto mínimo de 5 millones de euros y la experiencia previa en la gestión de instalaciones con al menos 350 amarres.
Estas exigencias –según argumenta Servicios Portuarios Botafoch- son arbitrarias y desproporcionadas en comparación con otros procesos de adjudicación similares, según ha consignado el sitio Gaceta Náutica.
Este medio ha tratado sin éxito de conocer la versión de Cisneros, quien también es, vía Bustos, el abogado de los chiringuitos de Formentera.
Ocupación Temporal
En la sesión celebrada en noviembre pasado del Consejo de Administración de Autoridad Portuaria de Baleares se estableció que el plazo de explotación del nuevo concesionario empezará en marzo de 2025. Serán, pues, dos años más, como mínimo, de interinidad en una concesión que requiere importantes inversiones. De hecho el Plan Especial contempla una profunda remodelación de toda el área.
El objeto de este concurso es la elección de la solución más ventajosa para el otorgamiento de una concesión administrativa para la gestión y explotación de una parcela de noventa y siete mil metros cuadrados, de los que cuarenta y tres mil metros cuadrados corresponden a superficie de tierra, sobre la que se levantan una serie de edificaciones destinadas a usos comerciales, una estación de servicio para el suministro de combustible a embarcaciones de recreo y una zona destinada a varada y reparación de embarcaciones. Además, se contemplan más de cincuenta y cuatro metros cuadrados de espejo de agua en el que se presta el servicio de amarre a 432 embarcaciones distribuidas en cinco pantalanes.
La anual de tasa de ocupación será de 2.215.013,76 euros y la tasa de actividad se establece como el 4% del volumen de negocio.
