El contacto llegó desde Francia el año pasado. La mujer argelina creía que el cuerpo de su hermana, una adolescente de 17 años que había emigrado en una patera, se encontraba sin vida en España. Desde Caminando Fronteras comenzaron entonces a asesorarla y a ayudarla a encontrarlo.
La mujer en cuestión había sido contactada por una organización clandestina que le había dicho que su hermana había muerto y que el cuerpo estaba en España, pero le exigía dinero a cambio de más información.
“Le pedimos que se trasladara y pusiera la denuncia con toda la información que dispusiera. Ella se desplazó hasta Murcia, donde la acompañamos a través de Coordinadora de Barrios, una organización local”, cuenta a La Voz de Ibiza Helena Maleno, activista y periodista parte de Caminando Fronteras.
La mujer regresó a Francia pero desde Coordinadora de Barrios hicieron un seguimiento. También se tomó muestras de ADN, que permitieron confirmar que, efectivamente, el cuerpo de su hermana estaba en España: había aparecido en una playa de Sant Josep, Ibiza.
Repatriar el cuerpo
Caminando Fronteras solicitó la colaboración del Fondo Pitiuso de Cooperación a nivel local. “Llamé al Ayuntamiento y me confirmaron que había sido enterrada en el cementerio de San Agustín”, recuerda Dina Farder Juan, coordinadora de la organización pitiusa.
Farder se acercó al nicho para enviar una foto del lugar del entierro. “Así, al menos, su familia sabía que estaba aquí, que su cuerpo había sido inhumado recientemete”, narra.
«Cuando le dijimos que estaba enterrada, imagínate, sintió un alivio muy grande», relata Maleno. Aunque también un lamento: «La familia decía: ‘Llevamos meses buscándola, por qué la han enterrado’?».
«Con toda esa angustia que traía, con todo lo que estaba pasando, decidimos que la representara una abogada. Y el procedimiento ha sido muy positivo. Porque para inhumar un cuerpo es necesaria la autorización de un juez».
Normalmente se deberían esperar unos cinco años para poder volver a sacar o exhumar el cadáver. En el caso de esta joven acaba de ser inhumado, con lo cual todo indicaba que la familia iba a tener que esperar un largo tiempo para trasladarlo a tierras africanas.
Pero el tiempo fue breve. Se pidió al juzgado “considerar la situación especial de esta mujer que llevaba meses buscando a su hermana”, cuenta Maleno, y que se pudiera exhumar el cuerpo y repatriarlo.
“La jueza entendió que la hermana de la chica fallecida estaba en una situación de vulnerabilidad”, agrega la activista, quien destaca la «sensibilidad» de aquel juzgado.
“Aquel fue un acto de reparación. El dolor de la familia hubiera sido mayor durante más tiempo. La familia descansó cuando el cuerpo llegó”.
La importancia de hacer la denuncia
El caso, refuerzan tanto desde caminando Fronteras como desde el Fondo Pitiuso para la Cooperación, remarca la importancia de que familiares de personas migrantes desaparecidas radiquen la denuncia, ya que esto les permite acceder a información confiable.
También hubo una “jueza sensible”, que comprendió la situación en la que se encontraba la hermana y el dolor que le causaba no poder llevar el cuerpo hasta su tierra. Una sensibilidad que, denuncia Maleno, es algo que no ocurre con todos los funcionarios públicos.
El año pasado, según datos de Caminando Fronteras, hubo 10.457 personas las víctimas en la Frontera Occidental Euroafricana, de las cuales 1.531 fueron niños, niñas o adolescentes.
