El Gobierno central mantiene su intención de iniciar el traslado de menores migrantes no acompañados a partir del verano, aunque algunas comunidades gobernadas por el Partido Popular no han aportado datos sobre sus plazas de acogida. Así lo ha confirmado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, tras el debate en el Congreso del real decreto-ley que modifica la Ley de Extranjería para habilitar el reparto obligatorio de estos menores entre todas las autonomías.
La cita clave será el 28 de abril, cuando se celebre la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Allí, el Ejecutivo presentará una propuesta de distribución, basada en los datos disponibles, con el objetivo de desatascar la saturación en territorios como Canarias, Ceuta o Melilla.
Críticas al PP por su falta de colaboración
Rego ha denunciado que «hay comunidades del PP que no han facilitado los datos requeridos», lo que considera «sorprendente» e incompatible con el deber de colaboración institucional. Aun así, ha asegurado que el Gobierno avanzará con los traslados, y ha remarcado que el proceso debe hacerse con agilidad, pero sin perder de vista que «estos niños son seres humanos y sus derechos deben estar en el centro».
Desde el Gobierno también se ha criticado con dureza a Vox. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, calificó de «mensaje de xenofobia y racismo» la intervención de la ultraderecha y reprochó al PP su alianza táctica con Vox en esta materia. “Si estos menores no tuvieran la piel negra, serían atendidos”, sentenció Torres, que pidió a los diputados del PP de Canarias, Ceuta y Melilla que «voten en conciencia».
Baleares recurrirá el reparto obligatorio mientras Ibiza y Formentera acogen 180 menores
El Consell de Formentera y el Govern balear ya se han pronunciado en contra del real decreto, que, según la presidenta Marga Prohens, vulnera competencias autonómicas y se impone sin la necesaria negociación.
Actualmente, Ibiza y Formentera tutelan a 180 menores migrantes no acompañados: 70 en Ibiza y 110 en Formentera. Estas cifras han generado una sobrecarga en los servicios sociales insulares. El Consell de Formentera ha denunciado que la falta de recursos y la ausencia de devolución de competencias dificultan la gestión adecuada de estos menores.
Asimismo, Prohens ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de favorecer, a través de sus políticas, a las mafias que operan en la ruta migratoria hacia Formentera, convirtiéndola en un eje de entrada consolidado desde Argelia.
El Govern ya había advertido que recurrirá ante el Tribunal Constitucional el decreto ley que regula el reparto de menores migrantes no acompañados para evitar la acogida de menores de otras comunidades.
Un aumento preocupante de llegadas en las Pitiusas
El trasfondo del debate está en el aumento exponencial de las llegadas: en 2024, casi 3.000 personas arribaron en unas 200 embarcaciones a las Pitiusas, según datos de la Guardia Civil. La falta de infraestructuras adecuadas y personal especializado ha tensionado los servicios sociales insulares, especialmente en Formentera, donde la capacidad de respuesta institucional está al límite .
¿Y el auto del Supremo? Torres: “Lo acatamos y ya estamos actuando”
El Ejecutivo también debe responder al Tribunal Supremo, que ordenó al Gobierno central hacerse cargo de 1.000 menores solicitantes de asilo actualmente en Canarias. El ministro Ángel Víctor Torres ha confirmado que se cumplirá el auto y que se han iniciado reuniones con el Gobierno canario. Como parte de la respuesta, ha recordado que ya se ha aprobado un decreto-ley para reducir el hacinamiento en los centros de acogida.
«Se cumple hoy el plazo, y por tanto será hoy cuando se responda e, indudablemente, vamos a responder diciendo que además de que asumimos, respetamos y estamos trabajando sobre ese auto», ha señalado. Y ha añadido: «También queremos dar al Tribunal Supremo la buena noticia de que se ha cumplido el real decreto-ley que solventa el hacinamiento, no solamente de los que han solicitado asilo, sino de los que han solicitado asilo y de todos los demás, porque ese fallo del Tribunal Supremo, ese auto, tiene su base en el hacinamiento que tiene Canarias».
