La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, responsabilizó este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del creciente número de pateras que llegan a Formentera y de la carga que esto supone para el sistema de protección de menores.
Según denunció durante el pleno parlamentario, las políticas del Ejecutivo central “favorecen a las mafias” y han derivado en un aumento insostenible de menores migrantes no acompañados en la isla pitiusa.
La dirigente popular respondió así al diputado de Sa Unió, Llorenç Córdoba, quien lamentó que el Consell de Formentera gasta un 20% de su presupuesto en la atención de estos menores y que la institución se enfrenta a una situación “absolutamente insostenible”. Córdoba exigió ayuda económica urgente al Govern para afrontar esta emergencia humanitaria, fruto de lo que describió como un fenómeno “sobrevenido”.
El Govern no quiere actuar “como Pilatos”
Prohens defendió que la competencia no puede devolverse de forma parcial, tal como establece el marco legal vigente. La presidenta autonómica acusó al Ejecutivo central de “lavarse las manos” y prometió que su Govern no dejará “sola a la gente de Formentera”.
Recordó también que se ha constituido una comisión de seguimiento con el Consell para analizar la gestión de los menores migrantes no acompañados y buscar vías de solución. Sin embargo, reiteró que Baleares no está en condiciones de asumir más menores derivados por el Estado, y avanzó que el Govern recurrirá el reparto estatal ante el Tribunal Constitucional.
Competencias bloqueadas por la ley autonómica
Uno de los puntos clave del conflicto es que el traspaso de competencias de tutela de menores desde el Consell al Govern se encuentra bloqueado por la normativa balear. Tal como explicó Córdoba a La Voz de Ibiza, la Ley 8/1997 impide hacer un traspaso parcial: si Formentera devuelve la competencia, deberá renunciar también a la tutela de los menores residentes en la isla, algo que la administración insular no quiere asumir.
Actualmente, Formentera tutela a 120 menores inmigrantes, de los cuales 20 permanecen en la isla y 100 han sido trasladados a Mallorca. Esta cifra duplica a la de Ibiza y es desproporcionada para un territorio que representa apenas el 0,9% de la población balear. En este contexto, Córdoba considera que la situación debe resolverse con carácter urgente y mediante una fórmula específica que no penalice a la población local.
