Los servicios técnicos del Ayuntamiento de Santa Eulalia certificaron durante la reciente entrada en el asentamiento de Can Rova 2, ubicado en la finca privada de Cas Bunets, en es Puig d’en Valls, que los peligros derivados de mantener este poblado superan con creces los que motivaron inicialmente el auto judicial de desalojo. Así lo indica un nuevo informe municipal presentado ante el juzgado, junto con un recurso de reposición contra la suspensión cautelar del desalojo.
Graves riesgos de seguridad y salud pública
El informe elaborado por el ingeniero técnico municipal detalla que las chabolas están construidas con materiales inflamables no homologados, como lonas, plásticos, maderas sin tratar y textiles, incumpliendo toda normativa de seguridad y habitabilidad. Durante la intervención, algunos moradores comenzaron a desmontar instalaciones eléctricas sin supervisión, lo que incrementa el riesgo de cortocircuitos o incendios incontrolados.
Por su parte, los técnicos de Medio Ambiente han subrayado la presencia de combustible almacenado, residuos altamente combustibles y ausencia total de sistemas de extinción, lo que podría desencadenar un incendio con consecuencias catastróficas para zonas sensibles como la EI-600, los helipuertos de Sa Coma y Can Misses o la ZEC de Sa Serra Grossa.
En caso de incendio, infraestructuras críticas, espacios naturales protegidos y municipios vecinos como Ibiza, Sant Josep o Sant Antoni quedarían expuestos, han advertido los técnicos.
Infraestructuras precarias y riesgo sanitario
En cuanto a salubridad, el informe refleja la existencia de inodoros conectados a fosas sépticas excavadas sin impermeabilización ni depuración, así como depósitos de agua no potable usados para el consumo humano sin cloración, lo que podría provocar brotes de enfermedades digestivas y cutáneas.
Además, el hacinamiento en tiendas de campaña, caravanas y estructuras improvisadas afecta incluso a menores y embarazadas, con condiciones de vida que los servicios sociales califican de «inhumanas» y sin acceso garantizado a luz, agua o higiene básica.
Solo una familia aceptó la ayuda ofrecida
Durante la intervención del miércoles, el equipo de Servicios Sociales realizó 83 visitas. Según el Ayuntamiento, pese a que se ofrecieron alojamientos temporales a todas las familias, solo una aceptó la ayuda, siendo reubicada en el municipio. Según el consistorio, existe capacidad suficiente para acoger, «en una primera atención» y «de manera temporal» a todos los afectados, independientemente de si se consideran o no personas vulnerables.
“Desde septiembre venimos trabajando con todas las administraciones implicadas”, ha destacado el Ayuntamiento, que insiste en que esta forma de vida no puede considerarse digna ni segura.
Vecinos alertan: “Si nos sacan de aquí, habrá un Can Rova 3”
Mientras tanto, varios habitantes del poblado han manifestado su preocupación ante un posible desalojo sin alternativas.
“Si nos echan, solo se creará otro Can Rova 3”, declaró uno de ellos a La Voz de Ibiza, lo que revela el riesgo de cronificación del problema habitacional en Ibiza.
La finca pertenece a una familia adinerada de Barcelona
El asentamiento ocupa terrenos de una familia catalana con fuertes vínculos con la industria farmacéutica, tal y como reveló La Voz de Ibiza. Esta propiedad privada lleva años afectada por ocupaciones, sin que las autoridades hayan logrado resolver de forma definitiva el conflicto.
