Al menos dos propietarios con parcelas en la Unidad de Actuación de cala Vadella han solicitado al Ayuntamiento de Sant Josep que recepcione formalmente la urbanización y asuma la gestión y el mantenimiento de sus infraestructuras.
En un escrito registrado el 30 de abril, al que ha tenido acceso La Voz de Ibiza, los firmantes piden que esta actuación se incorpore debidamente al nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y se reconozca la situación consolidada del área.
La solicitud se presenta en el marco del proceso de participación ciudadana abierto por el Ayuntamiento para recabar propuestas sobre el nuevo PGOU, que se cerró con un total de 241 aportaciones, según informó el consistorio la semana pasada.
En este contexto, Javier Gea Martínez, en representación de Óscar Crespo Sánchez y José María Ugal Cuenca, argumenta que la urbanización cala Vadella está urbanizada en más de un 90%, con servicios básicos como agua, alumbrado, alcantarillado, recogida de residuos y red eléctrica plenamente operativos y en uso.
Por eso, reclaman su “recepción formal e inexcusable y sin más dilaciones” por parte del Ayuntamiento. Además, los firmantes solicitan que sus parcelas sean consideradas una nueva subunidad dentro de la AA 4.3 si finalmente se fragmenta la unidad en el PGOU.
Los avances
La Unidad de Actuación AA 4.3 se encuentra adscrita al entorno de Cala Vadella y forma parte del planeamiento aprobado definitivamente en el BOIB del 31 de diciembre de 2003, aunque su origen se remonta al plan parcial de 1973 promovido por Urbanizadora Mediterránea S.A. (UMSA).
Desde entonces, la zona se ha desarrollado ampliamente, con un 80% de sus parcelas edificadas y viviendas en uso desde hace décadas, con licencias municipales otorgadas entre 1973 y 2007, y cédulas de habitabilidad expedidas por el Consell de Ibiza.
El escrito presentado ante el Ayuntamiento de Sant Josep detalla que la urbanización cuenta con viales públicos, aceras, red de alumbrado, suministro de agua (gestionado por Aqualia), recogida de basuras, evacuación de aguas pluviales, conexión con la depuradora de Cala Vadella y red eléctrica con transformadores.
También subraya que el mantenimiento de infraestructuras es realizado de hecho por los servicios municipales o por empresas contratadas por el propio Ayuntamiento, sin que exista comunidad de propietarios ni se giren contribuciones especiales.
Parálisis desde 2007
Por otra parte, denuncian que desde 2007 el Ayuntamiento dejó de tramitar licencias de obras mayores en el 20% restante de las parcelas, alegando requisitos técnicos —como estudios de detalle, cesiones de suelo y completamiento de servicios— que, según ellos, no son exigibles a nivel individual ni en este momento del desarrollo urbanístico.
En tal sentido, detallan que el consistorio “dejó de tramitar y de no conceder más licencias de obra para obras mayores (como lo son las viviendas unifamiliares) en el resto del 20% del total de parcelas que aún no habían presentado hasta ese año 2007 sus correspondientes proyectos técnicos de edificación y de obras mayores acorde con la NN.SS. (Normas Subsidiaras) vigentes en ese año”.
“La única solución realista para esta urbanización pasa por que el Ayuntamiento asuma su gestión y recupere los costes mediante contribuciones especiales a todos los propietarios”, defienden en el documento.
También alertan de que los actuales requisitos impiden legalmente edificar a los nuevos propietarios, mientras el resto disfruta de sus viviendas “sin restricciones” y sin contribuir a los costes del mantenimiento.
Los solicitantes lamentan que el avance del nuevo PGOU no refleje adecuadamente la situación real de cala Vadella lo que a su juicio perpetúa la inseguridad jurídica. Por ello, piden expresamente que el documento urbanístico se modifique para recoger los argumentos expuestos y que se reconozca la consolidación de esta zona.
Entramado urbanístico
El caso de Cala Vadella no es aislado. En los últimos años, este núcleo ha estado marcado por conflictos urbanísticos, especialmente en promociones recientes que han incumplido usos del suelo, como sucedió con el complejo Vadella 64.
En este caso, se han comercializado viviendas de lujo en terrenos con uso comercial y se han realizado construcciones no autorizadas, como terrazas en azoteas, sin los permisos correspondientes.
Estas situaciones han llevado a investigaciones por parte de las autoridades locales y la Fiscalía, incluso con la detención del ex alcalde socialista Ángel Luis Guerrero, a partir de una investigación a instancias del Seprona por posibles delitos contra la ordenación del territorio, que incluía también otras construcciones como Cala Bassa y es Cubells.
El Ayuntamiento y el Consell han anunciado en varias ocasiones su intención de regularizar estas situaciones mediante normas transitorias y el nuevo PGOU.
Los propietarios recuerdan que, ante la inexistencia de un agente urbanizador activo, la responsabilidad de intervenir y ordenar recae directamente en el Ayuntamiento, conforme a la legislación vigente y amparado incluso por la figura de la «usucapión administrativa», citada como base legal para la recepción unilateral de la urbanización.
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