Que los centros tengan la última palabra para decidir si implantan o no el plan piloto para que los padres puedan decidir que sus hijos reciban alguna asignatura más en castellano que en la actualidad no ha sido suficiente para evitar que unos 450 docentes de 90 colegios e institutos públicos y concertados de Mallorca, Ibiza y Menorca hayan calificado el acuerdo entre PP y Vox de «discurso de odio» y animen al colectivo de educadores a organizarse en asambleas en cada centro para movilizarse en lo que parece el embrión de una nueva marea verde.
Fuentes de la Conselleria de Educación han informado a La Voz de Ibiza de que el número de docentes en los centros públicos es de 15.300 y en los concertados, de 4.436, incluyendo los que están de baja y los sustitutos.
El pronunciamiento, hecho público por sus promotores tras dos días circulando «de mano en mano» por los centros educativos, sitúa el proyecto de libre elección de lengua pactado por PP y Vox como el último de los ataques a la enseñanza y a sus profesionales.
El acuerdo no ha gustado nada a los firmantes que, además, invitan a la movilización del resto del profesorado, a pesar de que está lejos de lo que se entiende como libre elección de lengua, lo que ha motivado el enfado de las entidades que lo promovieron.
«Irresponsable»
Cuando ni siquiera se están cumpliendo los proyectos lingüísticos de los centros, se anuncia de forma «irresponsable» un plan para aumentar las horas lectivas de castellano instado por la «extrema derecha», argumentan los firmantes.
El acuerdo contempla la libre elección de lengua en Infantil y Primaria «en los centros que sea posible». Para Secundaria, el acuerdo es un plan piloto que se aplicará en los colegios que lo permitan y que facilita la impartición de algunas asignaturas en castellano que ahora se imparten en catalán.
«En nuestras manos está mostrar la falsedad y la hipocresía de su discurso», inciden los docentes, que critican también el proyecto de decreto de escolarización de la Conselleria de Educación, «con medidas que agravarán la segregación escolar que ya sufre en sistema educativo en las poblaciones más grandes».
Críticas preventivas
Los docentes firmantes se anticipan a medidas que aún no han sido aprobadas en una oleada de críticas preventivas. «Después vendrá -auguran- el pin parental como elemento de censura y de control ante una escuela que quiere ser plural y que trabajan por la igualdad social».
Y retroactivas
Los profesores y maestros que suscriben el documento, que también lamentan el menosprecio a su experiencia («peones sin opinión») e imposiciones históricas como el TIL, la Ley de Símbolos y los criterios de evaluación de la LOMLOE, entienden que la situación se ha agravado «con la extrema derecha en las instituciones».
Censuran la difusión de los mensajes de esa extrema derecha en los medios de comunicación «y entre las clases populares, incluyendo la gente más joven», lo que convertido la educación en «un campo de batalla» donde se criminaliza a los docentes con acusaciones «de adoctrinamiento, de imposición e, incluso, de distribución de material pornográfico».
«Ante las acusaciones, las difamaciones y los ataques que vendrán tenemos que activarnos y poder encontrarnos en aquellos espacios democráticos, de diálogo, de apoyo mutuo y de acción que son las asambleas de centro», defienden.
El manifiesto termina, precisamente, con un llamamiento a la convocatoria de esas asambleas «en cada colegio e instituto».
En un comunicado, los promotores de la declaración aclaran que «el texto no ha sido promovido por ninguna organización» y subrayan que el gran número de adhesiones recogidas en un par de días evidencian la preocupación que existe en el colectivo docente.
