Alquilar una casa sin licencia turística a través de Airbnb con impunidad será más difícil en 2024. Mucho más. Al cambio normativo introducido por el Govern balear en el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda que permite el precinto cautelar de pisos turísticos y que de momento no ha tenido efectos prácticos a pesar de la insistencia con la que era reclamada la medida por parte del Consell de Ibiza, se suma un reglamento europeo que ha modificado la directiva de servicios digitales y que estrecha el cerco al alquiler turístico ilegal.
Este reglamento nada tiene que ver con el reglamento acordado durante la presidencia española de la Unión Europa y que supondrá la creación de un registro único europeo. La aprobación de la norma en el Parlamento Europeo se ha retrasado hasta el primer trimestre de 2024. En cualquier caso, no será de aplicación hasta dentro de dos años como mínimo, ya que requiere de un periodo de adaptación necesario para que administraciones y plataformas pueda desarrollar sus aplicaciones informáticas.
Reglamento de Servicios Digitales
El Reglamento UE 2022/2065 relativo a un mercado único de servicios digitales o Reglamento de Servicios Digitales sustituye la directiva europea de servicio digitales y regula derechos y obligaciones de las plataformas como Airbnb y Booking respecto a los anuncios que son publicados.
La responsabilidad de las plataformas
Según explican a La Voz de Ibiza fuentes de la Secretaria de Estado de Turismo, las plataformas no son responsables de que el contenido del anuncio sea lícito, pero sí de cooperar con las autoridades nacionales en la lucha contra el fraude exigiendo mayor información al anunciante, facilitándola a la autoridad y retirando el anuncio de forma cautelar ante un primer requerimiento y sin necesidad de abrir un expediente.
Al tratarse de un reglamento es de aplicación inmediata en todos los estados miembros.
Amazon
El citado reglamento tiene como objetivo evitar la venta de falsificaciones o productos no homologados en Amazon o cualquier otro marketplace. También es de aplicación a los intermediarios de servicio de hospedaje «grandes como Airbnb» y «pequeños como un operador local que alquila inmuebles en un pueblo», explican las fuentes consultadas.
«El reglamento fija unas normas que son de sentido común pero que hasta ahora carecíamos de ellas por sorprendente que parezca. Fija un procedimiento común para todos los jugadores en todos los países miembros, exonera a las plataformas de la responsabilidad de comprobar la veracidad de los anuncios y de la labor de control porque no son policías pero las obliga a pedir un mínimo de datos al anunciante, a retirar los anuncios de forma cautelar a petición de cualquier autoridad competente en la materia y a compartir los datos de que disponga», explican.
A efectos prácticos, «Airbnb o cualquier plataforma que preste servicio en la Unión Europea por pequeña que sea» pasa a estar 0bligada a exigir «un mínimo de rigor» a los datos aportados por el anunciante. «Ha de exigir nombre, apellidos, número de identificación, datos de pago», explican.
Si los inspectores de Turismo del Consell de Ibiza ven un anuncio sospechoso de ser ilegal, bien porque la actividad está prohibida, como es el caso de los edificios plurifamiliares en toda la isla, bien porque carece del número del registro de la Estancia Turística o bien porque el número aportado no se corresponde con el anuncio, ya sea porque se lo ha inventado el anunciante o está utilizando otro número legal para aparentar disponer de licencia, disponen de un canal de comunicación reglado para comunicarse con la plataforma.
«Así se evitan que las peticiones no sean atendidas como sucede en la actualidad, por sorprendente que parezca», aclaran desde la Secretaria de Estado de Turismo. «Se acabó marear con este asunto. Pone a fin al ‘vuelva mañana’ o ‘tiene que llamar a otro número’ y este tipo de prácticas», detallan.
Denuncias de particulares
También dispondrán de ese canal reglado los particulares. «Si una empresa o un particular quiere denunciar anuncios que le parecen ilícitos, también tienen derecho», especifican.
Finalmente, el reglamento obliga a las plataformas a retirar los anuncios de forma preventiva si lo solicita la autoridad competente. «El Consell, en tanto que administración competente en Ordenación Turística o un ayuntamiento que tenga regulado en su planeamiento urbanístico el alquiler turístico pide que un determinado anuncio sea retirado porque tiene aspectos sospechosos, la plataforma está obligada no solo a retirarlo sino también a facilitar toda la información de la que dispone sobre el anunciante«.
«No es necesario el inicio de un expediente sancionar para exigir la retirada por parte de la administración competente», explican.
Finalmente, el reglamento establece un régimen sancionador por los incumplimientos de la plataforma que, no obstante, cada estado miembro puede modificar».
«El principal beneficio que supone este reglamento es que la administración dispone de un nuevo instrumento para evitar la actividad ilícita al poder pedir la retirada del anuncio y la plataforma estar obligada. De momento, logramos reducir las actividades fraudulentas», destacan.
Por otra parte, al disponer de «más datos del anunciante y un acceso reglado a ellos», se facilita la «labor inspectora y sancionadora».
Efecto disuasorio
Asimismo, destacan las fuentes de Turismo consultadas por La Voz de Ibiza el «efecto disuasorio» que tendrá el reglamento. «Es fundamental para reducir el fraude que los que tienen intención de cometerlo sepan que «les van a pillar y les van a sancionar».
