Con la ley que regula el sector del taxi y los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) ya aprobada por el Parlament de les Illes Balears, las condiciones de competencia en los servicios de transporte de hasta nueve plazas se modifican y permiten al sector del taxi rearmarse ante los avances de plataformas como Uber.
La regulación aprobada el martes con el voto casi unánime de todos los grupos (sólo registró dos abstenciones parciales de Més per Menorca), no obstante, no pone fin a la regulación del sector. Más bien, supone el principio de la nueva regulación que se estableceré a través de numerosos decretos, órdenes del conseller y reglamentos previstos en la norma.
En la práctica, la ley mantiene la precontratación obligatoria para las VTC de 30 minutos de antelación, añadiendo la coletilla entre la petición y la prestación del servicio para evitar la treta de Uber; la creación de áreas de prestación conjunta; la definición de un ámbito de actuación insular para evitar que se puedan trasladar licencias VTC de una isla a otra; y da un margen temporal de dos años en lugar de los cuatro anunciados inicialmente para que licencias no operen en otras islas más que la de origen.
Además se prevé igualmente la doble licencia, urbana e interurbana, como condición exigible a las VTC, lo que supone dar competencias a los ayuntamientos en un ámbito en el que hasta ahora había sido ajenos.
La norma contempla también la adopción de una moratoria de un año en la concesión de licencias, en tanto no se apruebe la regulación definitiva, para determinar el número de taxis y de VTC que necesita Baleares.
El rol de las asociaciones de taxis
Durante las intervenciones del martes en el Parlament fueron insistentes las menciones a las asociaciones de taxis presentes en el hemiciclo, aunque se ha personificado en Gabriel Moragues, quien preside la mayor asociación de taxistas de Mallorca (Taxis-Pimem) y la Federación Independiente del Taxi de Baleares (Fitib) cuyo papel ha sido clave en la tramitación de la ley.
Los taxistas fueron quienes marcaron el paso a los diputados hasta el último momento. De hecho, la misma noche del lunes lograron introducir dos enmiendas al dictamen aprobado en la comisión. Una fue el artículo que hacía referencia a la posibilidad de que empresas como Uber o Cabify utilizaran las paradas de taxis, tal como había adelantado La Voz de Ibiza el lunes.
Otra es la modificación que impide que las VTC que todavía no hayan iniciado la actividad no podrán cambiar de isla, ya que estas deberán operar en la isla que están domiciliadas. Una modificación en clave mallorquina, ya que el sector ha venido solicitando que la nueva ley, que a partir de su publicación en el BOIB regulará el sector del taxi en Baleares, evite que las VTC autorizadas en Ibiza puedan trabajar en Mallorca.
Ajustes para un servicio óptimo
Según informan desde el Parlament, la ley responde a los cambios legislativos continuos a lo largo de los años tanto a nivel estatal como autonómico en el sector del taxi y de las VTCs.
Y estos ajustes responden al interés de las autoridades por establecer una regulación que garantice un servicio óptimo a la ciudadanía, al tiempo que se equilibra con la necesidad de respetar las normas medioambientales y de congestión del tráfico, en constante evolución.
Todo ello se hace en concordancia con el principio de libertad de empresa consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Las modificaciones legislativas también han sido motivadas por pronunciamientos judiciales cada vez más exigentes, que cuestionan las restricciones impuestas por las administraciones a las empresas cuando no están justificadas por razones de interés general.
Ante esta situación, se ha considerado imperativo realizar cambios legales para garantizar la seguridad jurídica, mejorar la competitividad del sector del taxi y prevenir discriminaciones injustificadas.
La ley y su letra aprobada
Desde el Parlament informaron que en relación al sector del taxi, algunas de las modificaciones de la presente ley incluyen el aumento de la capacidad de los vehículos hasta nueve plazas, la posibilidad de que un mismo titular posea hasta cuatro licencias, la regulación del cobro por plaza y trayectos a precio cerrado, y la eliminación de las restricciones por parte de los ayuntamientos en cuanto al número de licencias y horas de funcionamiento en temporada alta. Además, se contempla la creación de áreas territoriales de prestación conjunta para mejorar la eficiencia del servicio y la atención a la ciudadanía.
En tanto que para el servicio de arrendamiento con conductor, se establece la necesidad de obtener una autorización urbana de los respectivos ayuntamientos, así como la regulación de los servicios en función de la isla donde esté domiciliada la autorización correspondiente. Asimismo se imponen requisitos para garantizar la calidad del servicio de los conductores de vehículos de arrendamiento con conductor, y se modifican los aspectos del régimen sancionador para adaptarlos a las nuevas disposiciones.
Por último, quedaron redactadas y aprobadas las disposiciones transitorias:
La disposición transitoria primera suspende el otorgamiento y la tramitación de los procedimientos pendientes de resolución de autorizaciones ordinarias de arrendamientos de vehículos con conductor y de licencias de autotaxi hasta la aprobación del decreto del Gobierno de las Illes Balears en el que se establezcan los criterios objetivos para el otorgamiento de estas autorizaciones con conductor y de licencias de autotaxi, basados en la mejora de la calidad del aire, gestión del transporte, del tráfico y del espacio público. Estos criterios distinguirán las condiciones que se den en temporada estival y en el resto del año, para poder establecer, en ambas modalidades de transporte, las autorizaciones necesarias tanto ordinarias como temporales.
Finalmente, la disposición transitoria segunda determina que las autorizaciones de arrendamiento con conductor existentes a la entrada en vigor de la presente ley realizado servicios podrán continuar prestando servicios en todo el territorio de la comunidad autónoma de las Illes Balears durante el plazo de dos años y mediante decreto podrá regularse su cambio de domicilio. Con esta medida se pretende conseguir un equilibrio entre las autorizaciones, la demanda de movilidad, la gestión del tráfico y la calidad del aire, desde las diferencias existentes en cada una de las islas.
