La nueva ley que regulará el sector del taxi en Baleares se ajusta a la protección que esperaban los taxistas mallorquines para defenderse de las VTC de Ibiza que podrían exportarse a Mallorca. La modificación clave establece que estas licencias ya no tienen alcance balear, por lo que operarán exclusivamente en la isla donde están domiciliadas.
Además, se establece un período de transición de dos años -para las VTC con licencia previa a la ley- reduciendo la opción de elección de islas de cuatro a dos años, tal como se contempló al inicio de la tramitación. Este cambio es una solicitud específica que los taxistas mallorquines venían exigiendo para evitar la llegada de las VTC de Ibiza, considerando la mayor cantidad de licencias excedentes que existen en comparación con Mallorca.
Los artículos y puntos clave
Sin embargo, la propuesta de ley en trámite en Islas Baleares contiene varios artículos relevantes que podrían redefinir el panorama de los servicios de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) en la región. En primer lugar, la disposición adicional primera otorga a las comunidades autónomas la capacidad de modificar las condiciones de explotación de las VTC, brindando un margen de adaptabilidad a las particularidades locales.
Uno de los puntos clave es la regulación que establece que los servicios de arrendamiento con conductor deben iniciarse y finalizarse en el territorio de la isla correspondiente, marcando una clara delimitación geográfica para estas operaciones.
Trayectos urbanos
Además, la modificación del artículo 74 bis destaca que las autorizaciones de alquiler de VTC domiciliadas en las Illes Balears requieren la aprobación del ayuntamiento en el que están domiciliadas para servicios urbanos, siendo esta autorización previa a la interurbana.
El Govern se encargará de definir el procedimiento mediante decreto.
Para las autorizaciones existentes de VTC, la ley propone un periodo de dos años desde su entrada en vigor durante el cual podrán operar en todo el territorio de las Baleares. Además, se contempla la posibilidad de cambio de domicilio de autorizaciones vigentes, sujeto a plazos y condiciones que serán establecidos por decreto, ofreciendo flexibilidad en el ajuste a las nuevas disposiciones legales.
