La Asociación de Constructores de Baleares, representada por su presidenta, Fanny Alba, ha sostenido una reunión este viernes con la presidenta del Govern, Marga Prohens, durante la cual expresaron su preocupación por el persistente problema de las obras desiertas.
Los representantes de los constructores han explicado al ejecutivo que esta situación causa un gran perjuicio a la ciudadanía, ya que proyectos esenciales como centros educativos, sanitarios y de infraestructura sufren retrasos innecesarios.
Para evitar futuras obras desiertas, los constructores han instado al Govern a incluir una cláusula de revisión de precios por defecto en todas las licitaciones de obras con una duración superior a un año. Esto aumentaría la concurrencia de las empresas.
Las cifras que lamentan los constructores
Durante el año 2023, se registraron 91 licitaciones, valoradas en 69 millones de euros, que quedaron desiertas en al menos la primera convocatoria, lo que ha obligdo a las administraciones a revisar al alza el precio de los contratos, en ocasiones hasta en dos o tres ocasiones.
En lo que respecta a las licitaciones correspondientes al Govern, se observó que 21 obras, valoradas en 37 millones de euros, quedaron desiertas, representando un 54 % del total de la inversión que ha quedado sin ejecutar.
Un ejemplo reciente es la licitación desierta del nuevo colegio de Es Mercadal en Menorca, donde ninguna empresa se presentó. Es crucial actualizar los precios de los proyectos según lo exige la ley y evitar licitar contratos que finalmente quedan desiertos por no reflejar la realidad del mercado.
Por organismos, el Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) tuvo 9 de sus 25 obras sin licitante, mientras que el IBAVI y el IBSALUT registraron 3 de 10 y 2 de 14 obras desiertas respectivamente. Por último, Ports IB vio desiertas 3 de sus 5 obras.
Otras medidas propuestas por el sector
Además de la cláusula de revisión, las empresas del sector han solicitado que los órganos de contratación establezcan un porcentaje del 17 % en la partida de gastos generales de las licitaciones, en lugar del mínimo del 13 % que se aplica actualmente por defecto. También han pedido que los organismos públicos del Govern comuniquen anualmente sus planes de inversión para que las empresas contratistas puedan planificar su trabajo.
Por último, han reiterado la necesidad de agilizar la tramitación administrativa municipal de licencias de obra, dado que las islas Baleares son una de las regiones con mayores retrasos en este proceso, con una media de 18 meses y en algunos casos, llegando a dos años.
Para la Asociación de Constructores de Baleares es fundamental que el Govern apruebe la creación de entidades de colaboración urbanística (ECUS), como ya se ha implementado en otras comunidades autónomas como Madrid o Valencia, lo que ha reducido significativamente los tiempos de tramitación de las licencias urbanísticas.
