Salvo que Llorenç Córdoba sucumba a la presión a la que está siendo sometido y presente su dimisión o salvo acuerdos que ahora mismo se antojan imposibles entre Llorenç Córdoba y los ocho consellers de Sa Unió, entre Llorenç Córdoba y Gent per Formentera y el PSOE o entre Sa Unió y Gent per Formentera y PSOE, la gobernabilidad del Consell de Formentera está a punto de entrar en un callejón sin salida. Tanto que a día de hoy todos los caminos conducen a una histórica convocatoria de un adelanto electoral en una administración local.
No se tiene constancia de que el Consejo de Ministros haya autorizado dicha figura hasta ahora en España. En el caso de Marbella, disolvió el ayuntamiento y nombró una gestora, una suerte de 155 municipal. En el caso de Cudillero (Asturias) denegó la petición que había hecho el Principado tras informe del Consejo de Estado. Otras crisis municipales en las que esta opción se puso sobre la mesa fueron resueltas sin necesidad de adelanto, como Granada, Salamanca y Santiago de Compostela, entre otros.
Cinco meses después
En Formentera, se da la particularidad de que la situación de caos provocado por la exigencia de un sobresueldo del presidente del Consell de Formentera se ha producido pocos meses después de las últimas elecciones y, por lo tanto, cuando faltan tres años y medio para la convocatoria de las próximas, un periodo de tiempo excesivo para dejar la institución sin gobierno o con un gobierno en funciones.
Jurídicamente, la situación hoy es exactamente la misma que antes de la crisis: Llorenç Córdoba es presidente de la corporación y los ocho consellers-concejales, dada la doble condición de ayuntamiento consell del gobierno insular, del gobierno ejercen las competencias por delegación del presidente.
Sa Unió ha anunciado que Córdoba será expulsado del Grupo Sa Unió y se convertirá en conseller no adscrito. La expulsión todavía ha sido solicitada porque es necesaria la firma de todos los consellers del grupo y no todos están la isla, según ha explicado el presidente del PP de Formentera, José Manuel Alcaraz. En cualquier caso, no afecta a la gobernabilidad y se trata de una cuestión menor de carácter administrativo e interno. Han dado de plazo hasta el lunes a Córdoba antes de los siguientes movimientos.
Moción de censura
Si Córdoba no dimite tal como ha anunciado por activa y por pasiva, la única forma de que deje de ser presidente a corto plazo es a través de una moción de censura, instrumento que dadas las circunstancias y los posicionamientos de la oposición se antoja hoy muy improbable porque a Gent per Formentera y al PSOE no les interesa resolver una crisis que ha causado Sa Unió y que políticamente les beneficia después de haber perdido el poder en uno de sus feudos.
Son necesarias para su convocatoria las firmas de los 16 consellers, todos menos el propio Córdoba, a una moción que debe incluir el nombre del candidato y la aceptación expresa del mismo. Esto es que Gent per Formentera y PSOE deberían apoyar la presentación de la moción y al menos uno de sus consellers, al candidato de Sa Unió en la votación en el Pleno para que salga investido presidente por mayoría absoluta.
Responsables y sospechosos
A estas alturas, esta opción no está en el guion de la oposición, aunque no está descartada. GxF y PSOE no son y no se sienten responsables de esta situación. No quieren tomar partido por ninguno de los dos bloques porque entienden que ambos son responsables y sospechosos por acción o por omisión. Piden pruebas sobre las graves acusaciones de Sa Unió a Córdoba y al mismo tiempo no se plantean apoyar al discutido presidente por la verosimilitud de las denuncias sobre su comportamiento. Tampoco quieren aupar como presidente a un candidato del Partido Popular después de haber sufrido sus críticas en el pasado y que la promesa de cambio se haya convertido en una crisis institucional sin precedentes.
La situación es, cuanto menos, compleja, tanto que lo más fácil parece el adelanto electoral y que sean los ciudadanos los que juzguen.
El PSOE evita hablar de la moción de censura en estos momentos a la espera de pruebas y GxF, en palabras de su portavoz Alejandra Ferrer, advierte que «habrá condiciones». Ferrer sostiene que Sa Unió es responsable de conocer la situación de Córdoba y sospecha que Juan Manuel Alcaraz ha querido aprovecharse del tirón electoral de Córdoba para acceder al poder por la puerta de atrás pocos meses después de su mayoría absoluta.
Córdoba tiene el poder
Córdoba tiene en sus manos cesar a todos sus consellers y quedarse todas las competencias del gobierno insular. Podría nombrar algunos asesores externos para el día a día, pero su capacidad de maniobra sería prácticamente nula para sacar adelante todas las iniciativas que requieren la aprobación del Pleno, que son la mayoría en una administración local, a pesar de que la Ley de Consell ha otorgado mayores poderes al ejecutivo frente al Pleno. Situación idéntica se produciría si los consellers de Sa Unió dimiten de sus cargos y dejan solo a Córdoba. Obviamente, los consellers pasarían a la oposición y dejarían de disfrutar de las respectivas dedicaciones exclusivas.
Este es un escenario insostenible, ya que la institución entraría en una parálisis política y sería ingobernable, máxime con un presidente que también es diputado autonómico, cargo del que tampoco piensa dimitir y cuyos ingresos ha admitido necesitar.
Consejo de Ministros
Si se produce el gobierno unipersonal a través del cese o la dimisión de los consellers de Sa Unió y estos no son capaces de articular una alternativa con GentxFormentera y PSOE para la presentación de la moción de censura y el nombramiento de un nuevo presidente, la gobernabilidad de Formentera dependerá del Consejo de Ministros.
Tras informe del Consejo de Estado, podrá convocar elecciones municipales anticipadas por el periodo que falta hasta la siguiente convocatoria ordinaria (mayo de 2027) o la creación de una gestora como sucedió en Marbella.
«En los supuestos de disolución de corporaciones locales por acuerdo del Consejo de Ministros, previstos en la legislación básica de régimen local por gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales, deberá procederse a la convocatoria de elecciones parciales para la constitución de una nueva corporación dentro del plazo de tres meses, salvo que por la fecha en que ésta debiera constituirse el mandato de la misma hubiese de resultar inferior a un año».
«Una muy buena opción»
Una de las múltiples afirmaciones de Llorenç Córdoba en su última entrevista en Radio Illa es que las elecciones anticipadas «son una muy buena opción», una forma como otra cualquier de advertir que no piensa dimitir y presionar a Sa Unió para reconducir la situación, tal como también ha expresado, opción que, en estos momentos, parece imposible. El momento de un acuerdo entre Sa Unió y Córdoba parece, sin embargo, superado tras negarse Córdoba a aceptar
Para Rafael Ramírez, del PSOE, «sería un escándalo» y «un absoluto desastre» y para Ferrer, «una opción que no podemos descartar».
