El Consejo de Ministros de España ha dado luz verde este martes al Anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible, una iniciativa que había quedado en espera debido al adelanto electoral del año pasado.
Con esta aprobación, el proyecto puede reiniciar su tramitación parlamentaria con la meta de entrar en vigor antes de que concluya el presente año, en cumplimiento de los compromisos establecidos con la Unión Europea.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se retoma el proceso legislativo tomando como base el texto que ya había sido tramitado en el Parlamento el año anterior. La urgencia en la tramitación responde a los plazos comprometidos con Bruselas y al vínculo de esta legislación con la recepción de fondos de recuperación, transformación y resiliencia.
Puente ha subrayado la necesidad de avanzar en esta iniciativa legislativa para promover una movilidad más sostenible y segura. La Ley de Movilidad Sostenible constituye un elemento clave en el proceso de descarbonización y digitalización del sistema de transportes, contribuyendo a la reducción de emisiones y a la mejora de la calidad del aire.
Durante el trámite parlamentario, el proyecto estará sujeto a posibles enmiendas que puedan presentar los diputados y grupos parlamentarios, con el objetivo de dar respuesta a los desafíos que han surgido en el sector del transporte en los últimos meses.
El futuro marco normativo regulará soluciones innovadoras como el transporte a la demanda, los vehículos compartidos y la regulación básica del vehículo autónomo, además de fomentar la digitalización y la promoción de datos abiertos en todas las instancias relacionadas con la movilidad y el transporte.
Se espera que esta ley pueda contar con un amplio respaldo parlamentario, ya que en su tramitación anterior se vislumbraba la posibilidad de un gran acuerdo entre diferentes fuerzas políticas. La normativa buscará adaptarse a las necesidades de movilidad y transporte de los ciudadanos, así como a los retos del siglo XXI, incluyendo la sostenibilidad, la digitalización y la cohesión social y territorial.
