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MASCARILLAS

Dejan en libertad al exasesor de Ábalos y a su socio que cobraron comisiones de la compra de mascarillas, pero le prohiben salir del país

Están investigados por delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y delito de tráfico de influencias y contra la Hacienda Pública
Koldo García
Koldo García, exasesor de Ábalos acusado de cobrar comisiones.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha concedido la libertad provisional, prohibición de salir de España y retirada del pasaporte para Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, y para el presidente del Zamora CF, Víctor Aldama, por presunta corrupción en la compra de mascarillas en pandemia en abril de 2020.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, les ha impuesto también a ambos la obligación de presentarse ante el juzgado cada quince días. Están investigados por delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y delito de tráfico de influencias y contra la Hacienda Pública.

Además de García y Aldama, acusan al empresario vasco Iñigo Rotaeche y al hermano del exasesor, Joseba García. Todos ellos no han declarado ante el juez cuando han comparecido ante él a las 10.00 de la mañana y se retiraron sin brindar declaraciones a los medios.

El caso

El juez y la Fiscalía Anticorrupción investigan si Koldo García ha cobrado comisiones por la compra de mascarillas de mala calidad por 3,7 millones de euros. Aparentemente, no cumplían con los requisitos de una máscara tipo FFP2. En consecuencia, el Servicio de Salud retiró estas máscaras de la distribución y las almacenó como stock de seguridad par ser analizadas.

Como encontraron que no eran lo que realmente pidieron, denunciaron al proveedor y le exigen la suma de 2,6 millones de euros, valor resultante de la diferencia entre las mascarillas pedidas y las recibidas de menor coste. En este caso aparece el nombre del exasesor de Ábalos y otras tres personas involucrados en este negocio con fraude a la Hacienda.

En esta trama afectaron a distintas administraciones, como el Ministerio de Transportes, y de Interior, además de las comunidades autónomas de Canarias y de Baleares.

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