La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha anunciado este miércoles un apercibimiento al eurodiputado de Ciudadanos José Ramón Bauza. El expresidente de las Islas Baleares es acusado de acoso psicológico por un asesor parlamentario que le denunció ante la institución. Se trata de solamente una amonestación, sin sanción económica o suspensión de actividades, como sí han hecho en otros casos.
«Basándome en las conclusiones del comité consultivo para las denuncias de acoso entre asistentes y eurodiputados y tras tener en cuenta las observaciones del eurodiputado, he decidido imponer una sanción a José Ramón Bauzá como resultado de su comportamiento hacia su asistente acreditado, que constituyó acoso psicológico. La sanción consiste en un apercibimiento«, anuncia Metsola.
La resolución europarlamentaria con el apercibimiento concluye que el «comportamiento descrito por el denunciante constituye acoso psicológico», pero también constata que «es la primera vez que se determina una situación de acoso en relación con un diputado y algunas de las alegaciones en su contra no resultaron probadas».
Las acusaciones
Algunas de las acusaciones que el informe da por hechas sobre el expediente que inició a mediados de 2023 son la exigencia de una «excesiva» carga de trabajo, el uso de expresiones que tilda como «amenazantes» o el hecho de que en una ocasión se le dieran instrucciones contradictorias al asistente, mientras que otras de las quejas no han podido ser probadas, según el informe.
Otras sanciones
Durante esta legislatura se ha sancionado por acoso psicológico a sus asistentes a la eurodiputada socialista Mónica Silvana González, que ya ha dejado la delegación del PSOE en la Eurocámara y enfrentó en enero de 2023 una multa económica equivalente a 10.140 euros proveniente de no percibir durante 30 días una dieta de 338 euros diarios y la suspensión temporal de su actividad en la Eurocámara durante 30 días.
Cuando se tomó esta decisión, a principios de 2023, fue la sanción más elevada posible para un caso de infracción de las reglas internas de la Eurocámara, pero desde entonces se ha duplicado la pena máxima posible (hasta 60 días) y se han reforzado los mecanismos institucionales para mediar en casos de disputa y apoyar a los denunciantes.
