José Manuel Alcaraz, presidente del PP de Formentera recientemente despojado de su cartera pero aún miembro de un equipo gobierno roto en el Consell, amenazó la noche del miércoles, desde el plató de TEF, a la oposición con la dimisión de los consellers de Sa Unió en el caso de que GxF y PSOE no reconsideren su negativa inicial a la articulación de una moción de censura que desaloje al presidente no adscrito Llorenç Córdoba.
Sa Unió ha planteado una moción de censura que haga presidente a uno de sus consellers con el apoyo de la oposición o que GxF y PSOE articule una alternativa con el apoyo de Córdoba. Hay una tercera opción: que Sa Unió apoyara una alternativa de gobierno de GxF y PSOE, en una suerte de gobierno de concentración dada la excepcionalidad de la situación.
No es la primera vez que la opción de la dimisión de los consellers de Sa Unió se pone sobre la mesa. De hecho, fue una de las primeras medidas de presión en los primeros momentos de una crisis que parece no tener fin.
Fue el secretario, Ángel Custodio Navarro, quien advirtió que la dimisión de un conseller para ser efectiva debía contar con la aceptación del presidente. Lo recoge expresamente el artículo 32 de la Ley 4/2022 de Consells aprobada por el Parlament. Una de las vías para que el cese de un conseller sea efectivo es la «renuncia comunicada por escrito y aceptada por el presidente«.
Que la dimisión de un miembro de un gobierno deba ser aceptada por el presidente se trata de una atipicidad en el ordenamiento jurídico español y de un elemento clave a la hora de plantear alternativas a lo que si no es un callejón sin salida se le parece mucho.
Obviamente, Córdoba no está dando muestras de contemplar esta opción. No en vano, si aceptara la renuncia avivada por Alcaraz, se quedaría sin junta de gobierno y, por lo tanto, la institución sería ingobernable y se activaría la opción de la convocatoria de las elecciones anticipadas y, por lo tanto, su salida del Consell de Formentera.
Detrás de la potestad del presidente de aceptar la dimisión de un conseller para que sea efectiva estaría la necesidad de tener una junta de gobierno de al menos seis miembros, que es lo marca la ley.
