-No debemos hablar de amnistía porque eso supone reconocer que las leyes que había eran injustas y que las multas o las penas, también. Aquí estamos hablando de una legalización extraordinaria, de incorporar a la legalidad una realidad que afecta a miles de familias.
Estamos hablando de obras que se hicieron mal, sin licencia, normalmente de ampliación, y que no se pueden derribar porque están prescritas. Tampoco se pueden cobrar las multas. Así que, en esencia, el Govern permitirá una legalización pasando por caja. Me gusta matizarlo porque aquí no todos hacemos amnistías.
Dicho esto, nosotros lo llevábamos en el programa electoral, por lo que no debe sorprender a nadie, ya que nosotros habíamos puesto las cartas encima de la mesa en las obras prescritas y, por ejemplo, en darle una salida a las estructuras inacabadas que ya no son propiedad de los que las comenzaron. La realidad es que la mayoría de los que tienen una casa fuera de ordenación no fue el promotor de la ilegalidad, son hijos o nietos.
Allí viven miles de familias y el hecho de que sigan fuera de ordenación causa problemáticas de seguridad como las de los Don Pepe. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos que miles de familias vivan en peligro de que su casa se derrumbe o de que se queden sin casa sin hacen una obra o buscamos una solución?
Nosotros apostamos con transparencia por la solución. Permitir al propietario que voluntariamente paga la multa, incorpore la ilegalidad a la ordenación y permitirle rehabilitar con mejoras en eficiencia hídrica y energética y medidas de integración paisajística es una buena medida que, además, incorpora a la economía legal todos los procesos de reforma y generamos seguridad jurídica.
También queremos que afecte a las estructuras de actividades económicas, a las que vamos a pedir que incorporen placas solares en sus cubiertas, lo que nos permitiría generar energía renovable sin consumir territorio y sin inversión pública.
-En plena negociación del decreto de medias urgentes en materia del covid, ustedes plantearon facilitar ciertas ampliaciones a cambio de mejoras energéticas e hídricas. ¿Está esta posibilidad sobre la mesa en estos momentos?
-No. La medida solo permitirá legalizar la irregularidad prescrita.
-Usted fue el promotor del reglamento de simplificación administrativa del Consell Insular en el ámbito de sus competencias. Ahora el Govern está trabajando en un decreto para ello. ¿Qué le ha pedido?
-Que mejore la seguridad jurídica y dé certeza a los ayuntamientos para poder tramitar de manera ágil sus planeamientos urbanísticos, lo que permitiría incrementar suelo para equipamientos y para VPOs. En Ibiza, los ayuntamientos tienen Normas Subsidiarias y han de poder ser actualizadas de forma ágil. También hemos de abordar el procedimiento de evaluación ambiental que no puede ser un pozo negro que tenga durante año y medio informes parados.
El contenido de los informes vinculantes ha de ser clarificado. Todos hemos de tener claro lo que se pide y lo que se espera y eliminar la discrecionalidad a través de opiniones.
Hemos de dar certidumbre al sector privado porque es inadmisible esperar un año y medio para una licencia de obras. Hay que reformular los procedimientos urbanísticos y aprovechar la colaboración público privada con entidades homologadas profesionales para que puedan evaluar o informar los proyectos a nivel técnico y jurídico. Con la legalización extraordinaria habrá un incremento de trabajo y la administración no puede quedar colapsada.
Hay otras cuestiones en materia de Ordenación Turística y en la Lucha contra el Intrusismo que debemos mejorar. Todo debe ir encaminado a mejorar la eficiencia de los recursos y poder resolver más rápidamente.