El Grupo Socialista de Santa Eulària denunció ante la Oficina Anticorrupción del Parlament que el Ayuntamiento de Santa Eulària alquilara un local para los Servicios Sociales a la sociedad familiar del primer teniente de alcalde y mano derecha de Carmen Ferrer, Miguel Tur Rubio, a pesar de que el gobierno del PP había informado en todo momento a la oposición del proceso y de que le había ofrecido a los grupos de la oposición la posibilidad de que vetaran la operación, dada la controversia y el conflicto de intereses que podía suscitar.
Los socialistas no pusieron objeción alguna a la operación y rehusaron utilizar la potestad para vetar la contratación en Santa Eulària, mientras en Palma registraba una denuncia por supuestas irregularidades.
El caso es del año 2021 y ha cobrado actualidad después de que el nuevo portavoz de los socialistas de Santa Eulària, Alan Ripoll, haya desempolvado la contratación y aprovechado el informe de la Oficina Anticorrupción para extender un manto de sospecha sobre el alquiler del local.
Según un comunicado de los socialistas, la Oficina Anticorrupción ha confirmado las «irregularidades» de la contratación y ha anunciado que pedirá «responsabilidades» y «llegar al fondo».
La versión de los socialistas está en las antípodas de la del gobierno municipal del Partido Popular que ha calificado las acusaciones de «infundadas».
El Ayuntamiento de Santa Eulària destaca que la Oficina Anticorrupción «no impone ninguna de las medidas que serían lógicas en caso de que se produjese una situación irregular y que dañase los intereses del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y de sus ciudadanos, como son la anulación del contrato y su investigación por instancias judiciales«.
«La transparencia ha sido total y absoluta en este procedimiento. Empezando por el hecho de que se hiciera una licitación para una contratación que, según la normativa, se podría haber hecho de forma directa. Se abrió la posibilidad así de que cualquier propietario con un local que pudiera cubrir las necesidades de espacio de Servicios Sociales pudiera presentarse y ganar el concurso. Queda igualmente demostrada la limpieza del procedimiento por la información facilitada en todo momento a la oposición, ofreciendo incluso la posibilidad de vetar el alquiler de dicho local, algo que no hicieron ni PSOE ni Unidas Podemos«, recordaron.
También señalan desde el Consistorio que el por entonces concejal de Unidas Podemos Óscar Rodríguez Aller analizó diferentes locales en el mercado de Santa Eulària en las fechas en las que se inició el procedimiento sin encontrar espacios alternativos.
«Se analizaron 12 locales de los que se tenía conocimiento que estaban en alquiler y se estimó que ese era el más adecuado, pero, aun así, se realizó un procedimiento abierto para que cualquiera pudiera presentarse y conseguir así el mejor espacio para los usuarios de este departamento y sus trabajadores. Durante dicho procedimiento, así como el de su adecuación, no se presentaron alegaciones en contra, lo que da idea también de la falta objetiva de irregularidades«, destacaron.
