El rol del conseller Javier Serra, el dato de su participación accionarial en Marina de Formentera y la vinculación de dicha empresa con Indeisla, la firma que es accionista y administrador único de dos de las mejores puntuadas -Apartamentos Castaví y Paraíso de Los Pinos- también han sido puesto como uno de los elementos centrales por los cuatro concursantes en la denuncia que presentaron en la Guardia Civil de Formentera para solicitar que se investigue si hay delitos de prevaricación y tráfico de influencias en todo lo que está sucediendo en el megaconcurso de los servicios de playas. El nexo de unión entre ambas es el empresario Ángel Bustos.
Javier Serra es vicepresidente segundo del Consell, miembro de la Junta de Gobierno, presidente de Compromís amb Formentera, partido coaligado con el PP en Sa Unió.
Así, no solo expusieron el vínculo entre Daisee Aguilera Fletcher, exconsellera de Medio Ambiente en Gent per Formentera y Ana Fernández Molero, la técnico clave autora de los informes técnicos que valoró las ofertas incumpliendo los cambios que ella misma había introducido con las plicas abiertas. También aportaron más indicios que le generan sospechas.
En ese sentido, exponen que «Indeisla SA tiene relaciones societarias con Marina de Formentera SA, en la que el miembro del equipo de gobierno, el conseller Javier Serra, y presidente del partido político Compromís, tiene una participación según la información publicada», haciendo alusión al registro de bienes que obra en poder de La Voz de Ibiza y donde Serra afirma ser el titular de un 22,40% de la misma, con un valor de mercado de 437.448 euros.
Concursar en más lotes que los correspondidos
Precisamente, las dos empresas mejor puntuadas que forman parte del conglomerado empresarial de Ángel Bustos están en el punto de mira de los antiguos quiosqueros no solo por haber sido dos de las seis agraciadas con los cambios de criterio y por su vinculación indirecta con Serra: alertan de posibles causas colusorias.
Para los denunciantes, otro indicio más que afecta a ciertos lotes del concurso (19 y 24, en este caso) es que los dos lotes propuestos para adjudicar por la Mesa son empresas con los mismos accionistas y que tienen como administrador a otra empresa participada por los mismos accionistas, Apartamentos Castaví y Paraíso de los Pinos cuyo administrador es el mismo: la sociedad Indeisla S.A.
Por lo tanto, no se ha cumplido aquí lo reflejado en el pliego administrativo, el cual permitía presentar una sola oferta a los lotes de tipo A de quioscos de playa.
En realidad, se trata de empresas independientes, por lo que no se puede afirmar que la misma empresa esté a las puertas de hacerse con dos lotes en la Junta de Gobierno extraordinaria prevista para hoy. Cuestión aparte es si formar parte del mismo grupo como es el caso está afectado por la limitación incluida en el pliego.
Subsanaciones especiales
Dentro de las acusaciones que conforman la solicitud de investigación, han aportado que «en el Lote 24 a la empresa Paraíso de los pinos S.A. (empresa cuyo proyecto realizó Daisee Aguilera) se le permitió de formas extemporánea subsanar el NIF y el DNI del representante de la empresa, documentos que no presentaron en 2022 y por tanto son insubsanables en 2024.
Causa de abstención en el concurso
Las mercantiles que se han presentado ante la Guardia Civil advierten que esta situación «además de ser una causa de abstención de intervenir en el expediente de contratación, puede haber influido en el resto de miembros del equipo de gobierno«.
El foco puesto en el equipo de gobierno de Llorenç Córdoba cobra importancia ya que, para los antiguos licitadores, «pretende adjudicar el contrato en contra de los informes jurídicos emitidos y sin que se resuelva sobre la denuncia de irregularidades puesta de manifiesto por nosotros como licitadores, además de la que han presentado otros licitadores y ha aparecido publicada en prensa».
Finalmente, insisten en que pese a que se ha solicitado la nulidad del procedimiento y fundamentado jurídicamente la misma, determinadas autoridades insisten en adjudicar el contrato sin que conste un informe jurídico que resuelva las irregularidades denunciadas.
