El Govern Balear, mediante un decreto de simplificación administrativa, ha asignado 15,7 millones de euros para la gestión de residuos en Ibiza, reconociendo solo 15 de los 23 millones de euros reclamados históricamente por el Consell de Ibiza para el vertedero de Ca Na Putxa.
La Disposición Adicional Cuarta del decreto de aprobado el pasado viernes y publicado el martes en el BOIB contempla la cofinanciación de inversiones en infraestructuras de gestión de residuos llevadas a cabo por los consells insulares de Menorca, Ibiza y Formentera.
En concreto, para Ibiza se asignan 15.753.938 euros, «correspondiendo» según dice el texto, al 30 % del coste de las inversiones en el vertedero de Ca na Putxa, a la estación de transferencia provisional de Ibiza, la estación de transferencia de Formentera y la planta de selección y tratamiento de materia orgánica.
Mientras tanto, el Consell de Ibiza mantiene una reclamación al Govern balear sobre el pago de 22,4 millones de euros, que corresponden al 30% de las inversiones no subvencionables por la Unión Europea, realizadas y pendientes en el vertedero de Ca na Putxa, según lo establecido en el Plan Director Sectorial de Residuos Urbanos de Ibiza y Formentera, aprobado en 2001.
Convenios contemplados en el decreto
Para materializar este financiamiento, se suscribirán convenios entre el Govern y los consells insulares, que establecerán las anualidades presupuestarias hasta un máximo de diez años, a partir de 2024, y calcularán los intereses legales desde 2025. Esta medida busca dar cumplimiento a la Ley 25/2006 de medidas fiscales y administrativas, apoyando las inversiones en gestión de residuos ya realizadas.
Además, el decreto autoriza al conseller de Economía, Hacienda e Innovación a habilitar los créditos necesarios en la sección 32 de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma. Esto implica que se podrán efectuar modificaciones de crédito según sea necesario para dotar las partidas correspondientes.
Asimismo, se permite la financiación de otras inversiones en tratamiento de residuos por razón de la insularidad del servicio, dentro de los planes directores sectoriales aprobados por los consells insulares, sin perjuicio de la cofinanciación con fondos estatales o europeos y la aplicación de tasas o tarifas por la prestación del servicio.
También incluye la posibilidad de que la Comunidad Autónoma de las Illes Balears coadyuve en la financiación de otras áreas como transporte terrestre, carreteras, cultura y deportes, según las disponibilidades presupuestarias y los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Vertedero en medio de una deuda histórica
A fines del 2023 el Govern y el Consell de Ibiza avanzaron que firmarían en enero de este año los primeros acuerdos para saldar la deuda histórica autonómica con la institución insular.
Un monto que asciende a unos 40 millones de euros y para el cual el vicepresidente del Govern, Toni Costa, se comprometió a saldarla durante una visita a Ibiza en agosto de 2023. El acuerdo incluyó el pago de 2,5 millones de euros por adelantos a cuenta del periodo 2008-2013, así como la firma de un convenio para ejecutar inversiones por valor de 10 millones de euros con el Consell.
Marga Prohens por su parte también habló con Vicent Marí en 2023 en lo que fue la primera reunión para discutir el pago de la deuda histórica donde, además de la Escuela de Hostelería de Ibiza, se trató el pago del 30 por ciento del costo del área Ambiental de Ca na Putxa, ubicada en el municipio de Santa Eulària del Riu.
En este contexto, el vertedero de Ca Na Putxa ha sido un punto central en la disputa financiera entre el Consell de Ibiza y el Govern Balear durante varios años. Durante este tiempo, el Consell ha reclamado repetidamente una deuda cercana a los 23 millones de euros para cubrir los costes asociados a la gestión de residuos en esta instalación. Sin embargo, el reciente decreto de simplificación administrativa del Govern Balear solo reconoce 15 millones de euros, significativamente menos de lo que el Consell ha demandado históricamente.
En 2018, el Consell de Ibiza solicitó al Govern una deuda de 22,4 millones de euros, argumentando que estos fondos eran necesarios para cubrir tanto la inversión inicial como los gastos operativos acumulados del vertedero de Ca Na Putxa. Esta reclamación subrayaba la necesidad de que el Govern asumiera estos costes para garantizar una gestión adecuada y sostenible de los residuos en la isla.
A lo largo de los años, el Consell mantuvo su demanda para el pago de esta deuda. En julio de 2022, mediante un acuerdo aprobado por el pleno del Consell de Ibiza, se decidió comenzar el proceso para reclamar judicialmente una deuda de 23 millones de euros. Esta cantidad correspondía al 30% de las inversiones no subvencionables con fondos europeos en el vertedero de Ca na Putxa, que según el Plan Director Sectorial de Residuos aprobado en 2001, debía ser abonada autonómicamente.
