El Govern ha planteado un horizonte para dejar de perder dinero en el puerto de Sant Antoni: los yates de lujo. Así lo han detallado después de que se conociera la decisión de denegar el atraque a Baleària por parte de PortsIB para operar desde allí la línea con la Península y Mallorca.
El director general de Puertos y Transporte Marítimo del Govern, Antoni Mercant, ha explicado que Ports Ib pierde 500.000 euros al año con motivo del cierre comercial por la limitación de embarcaciones de hasta 65 metros de eslora. Según estima, en estos cinco años que lleva la prohibición, se han dejado de recaudar cerca de 2 millones de euros por la falta de cobro de tasas portuarias.
En una entrevista en Radio Ibiza, Mercant ha asegurado que el Govern está buscando “fórmulas de explotación» y «otra manera de obtener recursos. La Estación Marítima (que se encuentra en reparaciones) a veces se usa para hacer eventos, exposiciones. Tenemos que ver entre todos cómo buscar la manera de rentabilizar unas instalaciones que son públicas y que lo van a seguir siendo. Nuestra responsabilidad es que no se deteriore más e intentar minimizar el impacto de pérdidas económicas que supone tener inutilizada esta instalación”.
Además, se ha referido a la posibilidad de rentabilizar el puerto con el atraque de “yates, yates de lujo u otras embarcaciones. Intentaremos optimizar y rentabilizar el puerto porque es nuestra obligación como administración pública. No podemos seguir perdiendo dinero continuamente porque no es lo adecuado”.
Sin cambios a la vista
En consonancia con la opinión generalizada de la comunidad del municipio, Mercant ha aclarado que “la voluntad política es no hacer cambios respecto de las limitaciones que se establecieron en su momento (contra las embarcaciones de más de 65 metros), pero sí disponer de unas instalaciones públicas operativas. El Ayuntamiento no nos ha planteado ningún cambio en esta situación heredada y acordada en su momento. Todo lo contrario”.
La posición de Mercant va en consonancia de la propuesta en la que trabajó el equipo de gobierno liderado por Pep Tur Cires, también presidente del Club Náutico de Sant Antoni. El Ayuntamiento manejó dos escenarios para rentabilizar el muelle: instalar 12 amarres para barcos de entre 30 hasta 60 metros o dos amarres para megayates de 60 metros y 51 para esloras de entre 11 y 18 metros.
La opción de los megayates (tres puntos para yates de 50 metros, cuatro para 40 metros y cuatro para 30) supondría unos ingresos para Ports IB de entre 400.000 y 1,2 millones de euros, según la estimación hecha en febrero de 2019.
Informe
Por otra parte, Mercant se ha referido al informe de maniobrabilidad en el puerto solicitado ya que “no hay informe técnico que avalara la limitación de 65 metros de eslora”.
“Hemos pedido un informe de maniobrabilidad en el puerto. Lo que no existía en el momento de tomar esta decisión es un informe técnico que dijera que 60, 62, 63, 65 u 80 metros. Hemos pedido una modelización de informes de maniobrabilidad de esas esloras en el puerto sin medios auxiliares: remolcadores, prácticos, amarradores u otros servicios auxiliares del puerto. Necesitamos tener por lo menos la base técnica que hasta el momento no teníamos”, ha afirmado Mercant.
El alto cargo dijo que “no hay peticiones sobre la mesa” de navieras para operar allí bajo las condiciones establecidas por el Govern por una cuestión obvia: “No existen en el mercado líneas regulares de menos de 65 metros”.
Por eso, ha hablado de “mantener las instalaciones dignamente operativas teniendo en cuenta que tenemos una serie de limitaciones que de momento no se van a cambiar”.
Obras
En abril, PortsIB adjudicó trabajos de adecuación de instalaciones en la Estación Marítima de Sant Antoni por 177.498 euros. Estas obras buscan mejorar la infraestructura existente, incluyendo la sustitución del falso techo interior y parte del revestimiento de la fachada.
“No podemos es tener unas instalaciones públicas deterioradas y que se está cayendo. Las inversiones se tienen que hacer más que nada por mantenimiento. Sino al final vamos a tener una infraestructura pública deteriorada y que no da una imagen muy agradable al ciudadano que con sus impuestos paga todo esto y deja de percibir estos ingresos”, afirma.
Los trabajos enfocados principalmente al mantenimiento de la infraestructura debían comenzar en enero “pero han empezado un poco más tarde lo normal” por los retrasos comunes en los plazos de licitación y adjudicación, según Mercant.
