El Ayuntamiento de Palma quiere limitar la entrada de turistas en la ciudad con la aplicación de una tasa a los cruceristas para entrar a la ciudad, sumar más costes a los atracos de los cruceros (ya limitados), restricción a los coches de alquiler, prohibición de nuevos alquileres turísticos y la fijación de cupos para las visitas en grupo.
Estas serán algunas de las medidas que el gobierno del PP propondrá en la segunda reunión de la mesa sobre el futuro del turismo impulsada por el Govern balear, donde su alcalde, Jaime Martínez, confía en que se alcance un gran acuerdo para hacer frente a la «congestión turística», que afecta especialmente a Palma por su condición de capital y «puerta de entrada» a Mallorca.
Martínez ha comparecido este miércoles en rueda de prensa para explicar que, además de plantear medidas que exceden las competencias municipales, impulsará otras que sí puede adoptar el Ayuntamiento de forma autónoma como la prohibición de nuevos alquileres turísticos en cualquier tipo de vivienda, no solo en las plurifamiliares.
El gobierno municipal impulsará una modificación en este sentido del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y también realizará los cambios necesarios para «restringir al máximo» la apertura de nuevos «establecimientos de pública concurrencia» en las zonas turísticas maduras.
Martínez ha precisado que estas zonas maduras son la Playa de Palma, Cala Mayor y el Paseo Marítimo, donde su objetivo es que no se abran más discotecas ni bares nocturnos.
La otra medida autónoma anunciada por el alcalde es incluir en la Ordenanza Cívica la obligación de todos los establecimientos que sirvan comida para llevar y de todos los negocios de las zonas maduras de mantener limpio el espacio público en un perímetro de 50 metros.
Medidas
Entre las actuaciones para contener la presión turística que requieren de la actuación coordinada entre administraciones, el alcalde ha mencionado la limitación del número de cruceristas con restricciones ya sea de cantidad de barcos o del tamaño de los buques.
Además, el consistorio defenderá que se aplique a los cruceristas un impuesto por acceder a la ciudad y que se incrementen las tasas que los barcos turísticos pagan por el suministro de agua y por el tratamiento de sus residuos.
El gobierno municipal plantea que estos gravámenes más elevados se extiendan a todas las estancias turísticas en la ciudad, que se regule de forma restrictiva la entrada de coches de alquiler y se limiten las excursiones en grupo de visitantes en la capital balear.
Martínez ha hecho hincapié en que una de las medidas más relevantes que debe pactar la mesa del turismo es reforzar los servicios de inspección y las herramientas jurídicas para erradicar el alquiler ilegal de viviendas para uso vacacional, así como el resto de actividades de «competencia desleal» con los agentes turísticos que cumplen la ley.
El alcalde, que ha negado que abogar por frenar el turismo suponga un cambio de discurso del PP, ha considerado «urgente» limitar la llegada de visitantes a Palma, que sufre problemas comunes a los de «multitud de ciudades turísticas».
Por ello, defenderá propuestas similares para otras capitales con gran presión del turismo ante la Federación Española de Municipios y Provincias.
