Reabren la investigación contra el cura español Luis Roma Pedrosa, que abusó durante décadas de más de un centenar de niñas indígenas. Si bien el hombre falleció en 2019 a sus 84 años, se buscará responsabilizar a sus encubridores, según ha anunciado la Fiscalía de Bolivia.
«La investigación se realizará por el delito de encubrimiento en contra de quienes habrían tomado conocimiento de las agresiones sexuales cometidas en contra de menores de edad y no denunciaron el hecho ante las instancias pertinentes», ha explicado el fiscal general, Juan Lanchipa Ponce, según Europa Press.
Además, ha explicado que el caso Padre Roma, que se encuentra en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, se cerró debido a que no contaba con los suficientes elementos probatorios para sustentar una imputación. Ahora, ante las nuevas pruebas, se tiene la «posibilidad de contar con testigos que puedan coadyuvar en la reapertura de la investigación», ha agregado.
Por último, Lanchipa Ponce ha pedido a las autoridades «la creación de una unidad especial para prevenir estos casos porque los niños ni pueden correr ese riesgo con estas personas. También pedimos a la sociedad denunciar estos hechos que hayan acontecido en anteriores fechas», ha concluido.
Nuevos descubrimientos
Este anuncio ha tenido lugar apenas un día después de que el periódico El País revelara el diario personal del cura, en el que relataba los abusos que había cometido entre 1994 y 2005 en su estancia como misionero en Charagua, al sureste de Bolivia. Roma, además, las fotografió y las grabó en vídeo. Los jesuitas realizaron una investigación interna que confirmó los crímenes, pero se lo ocultaron a las autoridades.
Tras esta publicación, los jesuitas han afirmado que «no protegerá a nadie que tenga responsabilidad en los casos de abusos, porque las víctimas son la prioridad». «Las actuales autoridades a cargo tenemos la obligación moral de no obrar como se hizo en el pasado, digno de enérgica condena. Por ello, además de haber materializado su colaboración con las investigaciones (…) presentando denuncias con la documentación con la que se contaba, en una línea de absoluta transparencia para que se conozca la verdad de los hechos, urgimos a la Fiscalía a reabrir el caso», indica un comunicado.
Además, ha reconocido «con profundo pesar que las actuaciones de quienes estuvieron a cargo de atender las denuncias de abusos sexuales a niñas, niños y adolescentes y actuar en favor de las víctimas fueron negligentes, indolentes y nefastas». Por ello, ha sostenido que «quienes obraron de esa manera deberán hacerse responsables de sus acciones en el manejo de tales situaciones según establezca» la ley.
