La investigación llevada a cabo durante tres años por la jueza de instrucción Martina Mora, de lo que se conoce como caso puertos y que llevará al banquillo de los acusados, salvo que prosperen los recursos anunciados, al ex alcalde de Ibiza, el socialista Rafael Ruiz, y a la cúpula del Autoridad Portuaria de Baleares y del Club Náutico Ibiza por las maniobras para favorecer deliberadamente al CNI en lo que la juez califica de un traje a medida, posee largas horas de escuchas telefónicas que han dejado al descubierto el rastro de un soborno que no llegó a concretarse.
De hecho, solo la detención de la cúpula de Autoridad Portuaria y la intervención de la Guardia Civil en las sedes del gestor portuario y del club ibicenco frenó que se consumara la operación negociada durante meses por los dirigentes de las tres entidades implicadas.
Fin de las hostilidades
El objetivo era conseguir que el Club Deportivo Básico Doce Millas (CDBDM) –uno de los participantes del cuestionado proceso administrativo “competencia de proyectos”- cesara con las presentaciones judiciales y las impugnaciones para liberarle el camino al Club Náutico Ibiza y que pudiera sostener su concesión dentro del puerto de Ibiza.
Por eso, Juan Gual de Torrella Guasp (en su condición de presidente del organismo), Miguel Puigserver Lloberas (en su condición de vicepresidente de la APB) y Javier Enrique Fernández (responsables del Club Deportivo Básico Doce Millas) están acusados de un delito instrumental de cohecho.
A pesar de que el CNI también habría participado en la negociación, ni su presidente, Juan Marí, ni su vicepresidente, Josep Maria Costa, están acusados por esta operación, de lo que se desprende que su participación fue testimonial y que la negociación se produjo entre APB y Doce Millas.
Salvar al CNI
En el auto previo a la solicitud de apertura de juicio oral –al que tuvo acceso La Voz de Ibiza– la jueza deja constancia de todas estas negociaciones que se abrieron entre las partes, que incluyeron desde otorgar obras al CDBDM como forma de compensación hasta un pago de 4 millones de euros.
La jueza ha establecido que, en lo que se “refiere a los indicios de comisión de un delito de cohecho en fecha julio de 2020 en el que habrían participado Gual de Torrella, Puigserver y Enríquez (…) tales indicios resultan especialmente a la vista de las conversaciones telefónicas intervenidas”.
En concreto, se mantuvieron negociaciones abiertas para que CDBDM “cesara en sus impugnaciones de las resoluciones que la APB dictaba a favor del CNI a cambio de una contraprestación económica, directa o indirecta”.
Desde la APB exigían que Club Deportivo Básico Doce Millas se apartara “de cualquier tipo de concurrencia al dominio público ocupado por el CNI lo que implicaba tanto desistir de recursos en trámite (referentes a las AOT –autorizaciones temporales- que se iban concediendo al CNI) como no concurrir o renunciar a la competencia de proyectos en trámite (pues en este caso CDBDM ya había ganado el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia)”.
Como retorno, iba a recibir por este “favor” “una cantidad de dinero a abonar por el CNI, bien la ejecución por parte de una empresa participada por los socios del CDBDM de la obra que proyectaba ejecutar el CNI, bien la adjudicación por parte de la APB a diversos socios del CDBDM de encargos no sujetos a concurso (informes jurídicos, etc)”.
Para la jueza, todo este proceso de negociación estaba “controlado, supervisado y dirigido por Gual e intermediado por Puigserver”, mientras que ha acreditado que Enríquez “aceptó entrar dentro del proceso de negociación”.
Esto se gestó al conocer que “en algún momento de la tramitación del procedimiento administrativo personas vinculadas con el CDBDM habría solicitado una cantidad de dinero (directa o indirecta) a cambio de retirar los recursos contra las resoluciones de la APB favorables al CNI”.
De todas formas no ha quedado acreditado que se concretara tal acuerdo. Para la jueza, la intervención de la APB y la salida de Gual como presidente arruinaron estos planes.
Sin embargo, afirma que “el Club Náutico de Ibiza llegó a un acuerdo con los responsables del CDBDM a lo largo del año 2020 y principios de 2021 por el que, a cambio de recibir una cantidad de dinero que no ha quedado acreditada, no interpondrían recursos contra las AOT que se habían otorgado al CNI y no se presentarían al concurso que publicó la APB en octubre de 2020 sobre el dominio público ocupado por el CNI”. De todas formas, “no ha quedado acreditado si dicha cantidad de dinero llegó o no a ser satisfecha”.
Conversaciones grabadas
En concreto, se hace referencia a una conversación mantenida entre Puigserver y Enríquez “en la que se hace la solicitud del favor al representante del CDBDM y se ofrece una compensación económica, solicitud aceptada por Enríquez”.
Incluso, los interlocutores advirtieron de la gravedad de la conversación y establecieron un encuentro personal “para evitar poder ser grabados” y poder acordar “los términos de la contraprestación económica para el CDBDM”, según consta en el auto.
La participación de Gual de Torrella resulta constatada según la jueza en otra conversación que mantiene con Puigserver, quien da cuenta a las pocas horas sobre el contacto con el CDBDM.
Allí Puigserver afirma que “hay que solucionarlo, es un problema político y hay que solucionarlo y esto no lleva a ningún sitio, perdemos todos aquí, y al club ‘hombre es que al club hemos intentado negociar y tal pa’ cubrir gastos y tal’ digo, hay formas, de dar y de devolver le he dicho o sea que yo las puedo hablar otros no pueden el corsé no lo permite pero todo dentro de la legalidad, o sea que porque ya te digo esto lo estamos hablando por teléfono y el sistema SITEL nuestra conversación puede salir mañana, ¿me entiendes?”.
Según cuenta, Puigserver le dijo a la autoridad del CDBDM “ponme sobre la mesa todo lo que tiene él abierto y vamos a ver cómo contrarrestamos, lo que ellos quieran, o sea en forma de darle yo que sé algo que compense el abandono y ya está, a tomar por culo hay que buscar una solución”.
En la declaración judicial, la jueza les preguntó a Gual de Torrella y a Puigserver sobre esta conversación y respondieron que “no eran conversaciones en serio sino que sólo se pretendía poner a prueba al CDBM para poder después denunciarle”.
Trampa
Para la jueza, de las conversaciones intervenidas se desprende, sin embargo, justo lo contrario. “Constan numerosas conversaciones intervenidas en las que Gual de Torrella manifiesta a diferentes personas que durante la tramitación del procedimiento personas próximas al CDBDM habrían solicitado una contraprestación a cambio de retirar los recursos y demandas, en unas ocasiones refiere que hicieron la petición a la APB (en concreto al sr. Plaza) solicitando una obra y en otras ocasiones dinero, dando a entender algunas veces que el dinero se había solicitado al CNI y otras veces que se había solicitado directamente a la APB”.
Además, en otras conversaciones mantenidas con el funcionario Armando Parada, responsable de la división de Proyectos y Obras, el propio Puigserver, el alcalde de Ibiza, el socialista Rafa Ruiz, el director de APB en Ibiza, José Ignacio Revilla, y con el entonces presidente de Puertos del Estado, José Llorca, se habla de una cantidad de 4 millones de euros.
“En su declaración testifical, el jefe de la asesoría jurídica de Puertos del Estado, José Antonio Morillo manifestó que Gual de Torrella le había transmitido esa información y que entendió que la petición económica se había hecho directamente a la APB”, consta en el auto.
Según la jueza, Gual de Torrella conocía perfectamente estas circunstancias que “permiten entender acreditada la existencia de un contexto en que la entidad en competencia con el CNI podría estar abierta a ‘negociar’ una contraprestación a cambio de retirarse y concluir que los investigados decidieron aprovechar esta circunstancia a su favor y realizar una propuesta real y seriamente dirigida a conseguir poner fin a las impugnaciones que perjudicaban la elección del CNI”.
