La denuncia por desaparición de documentos clave con los que Mare Nostrum intentó demostrar la trama de la cúpula de la Inspección de Trabajo y el Ibassal para denegar su acreditación como Servicio de Prevención Ajeno fue otro de los argumentos centrales de la empresa ibicenca que este miércoles ha logrado la reapertura de la causa a partir de nuevas pruebas aportadas y continúa su lucha por demostrar lo que denuncia como una red de «mafia», compuesta por «criminales», llena de «corrupción» y actos «espurios».
En su denuncia, la empresa ibicenca Mare Nostrum involucra a IBASSAL, la Inspección de Trabajo, y empresas colaboradoras por manipulación de expedientes y prácticas corruptas pero según el propio juez Antoni Rotger Cifre «la causa se inició por la denuncia de Mare Nostrum en la que se dictó auto de sobreseimiento provisional por no resultar justificados», es decir con pruebas suficientes, los hechos denunciados.
En la querella, puntualmente la empresa ibicenca advirtió que al menos siete documentos, en forma de correos electrónicos y resoluciones intercambiados entre enero y julio de 2020 entre funcionarios del IBASSAL y la Inspección de Trabajo, fueron sustraídos y consistieron en las pruebas iniciales en la trama de manipulación y retraso deliberado en la tramitación de su expediente de acreditación.
Así, indican que cuando el 15 de julio de 2020, Rubén Castro Ortega, director del IBASSAL, emitió una resolución denegando la acreditación a Mare Nostrum la misma hacía referencia a varios documentos cruciales que justificaban la decisión.
Sin embargo, Mare Nostrum pronto descubrió que estos documentos habían desaparecido misteriosamente del expediente.
Entre los implicados se encuentran Daniel Company Oliver (jefe de servicio de Salud Laboral) quien según las nuevas pruebas aportadas admitió en un correo del 10 de enero de 2020 estar retrasando el expediente de la empresa ibicenca intencionalmente, y Yolanda Robledo Culebras, quien aseguró en un correo del 4 de marzo de 2020 que su informe sería desfavorable para Mare Nostrum. Estos documentos también contenían instrucciones y acuerdos sobre cómo proceder para beneficiar a la empresa competidora DICONSAL, en detrimento de Mare Nostrum.
La Voz de Ibiza ya ha dado cuenta de que Mare Nostrum acusa a estos funcionarios de retrasar y manipular la tramitación de su expediente para favorecer a la empresa Diconsal a cambio de sobornos, presentando correos electrónicos como prueba. Por otro lado, respecto a lo judicial, si bien hay novedades también la empresa había señalado la inacción y el riesgo de prescripción de los delitos han sido puntos críticos.
Esta red, según lo denunciado, se caracteriza por la «inacción», «negligencia» y «procrastinación» de los funcionarios públicos, sugiriendo una trama organizada y deshonesta que incluye además la sustracción y destrucción de documentos, así como la distribución ilícita de beneficios económicos entre estos funcionarios.
Falta de documentos clave
En noviembre de 2020, Mare Nostrum presentó una apelación contra la decisión de denegación de su acreditación. Durante la revisión de esta apelación, la Directora General de Trabajo y Salud Laboral anuló la decisión de julio de 2020 y ordenó revisar el expediente.
Cuando Mare Nostrum recibió una copia del expediente como parte del proceso de apelación, detectó que faltaban varios documentos importantes que estaban mencionados en las resoluciones del IBASSAL.
Para entender exactamente qué documentos faltaban y qué contenían, Mare Nostrum comparó la copia del expediente que recibieron con las resoluciones y documentos oficiales que ya tenían.
Por ejemplo, el Documento 13 era una comunicación de Diconsal que presentaba solicitudes y argumentos en el expediente de acreditación para cuestionar la capacidad de Mare Nostrum de obtener la acreditación. Este documento incluía objeciones técnicas y administrativas sobre la calidad de los programas de prevención de riesgos laborales de Mare Nostrum, la experiencia de su personal y su infraestructura. El mismo fue referenciado en varias resoluciones como parte clave del expediente, pero no estaba presente en la copia del expediente que Mare Nostrum recibió.
En este archivo había un escrito presentado el 19 de febrero de 2020 por Diconsal, acompañado de un contrato laboral pactado con la médico especialista Ledys-Luisa Carvajal Santana. Este contrato, fechado el 10 de enero de 2020, se incorporó inmediatamente al expediente SPA 1/19 con el objetivo de obstruir la acreditación, tal como indica la acusación de Mare Nostrum. Según el escrito, esta incorporación se hizo de manera irregular, ya que Diconsal no era parte interesada en el expediente.
Más documentos eliminados
El Documento 14 también desaparecido, era un justificante de remisión a la Inspección de Trabajo del escrito y documentos presentados por Diconsal, emitido por Daniel Company Oliver del IBASSAL. Este documento, crucial para la evaluación de la solicitud de acreditación, también fue eliminado del expediente.
Otro documento relevante es el Documento 15, que correspondía a la remisión de los mismos documentos a la Dirección General de Investigación en Salud, Formación y Acreditación, realizada por Company Oliver. Esta acción buscaba provocar una nueva evaluación negativa de la solicitud de Mare Nostrum y, al igual que los documentos anteriores, ha desaparecido del expediente.
Además de estos documentos, el escrito señala la desaparición del Documento 30, un correo electrónico enviado el 15 de julio de 2020 por Daniel Company Oliver a Silvia González Jurado, en el que se instruía la transmisión de la resolución denegatoria de la acreditación de Mare Nostrum a Diconsal. Para los denunciantes este correo electrónico es vital para entender las comunicaciones internas y la posible colusión entre funcionarios del IBASSAL y Diconsal.
El Documento 31, un escrito del 10 de junio de 2020 firmado por Company Oliver en respuesta a una comunicación de Diconsal sobre el expediente SPA 1/19, también ha sido eliminado.
Finalmente, el Documento 32, un escrito del Inspector de Servicios de la Consejería de Administraciones Públicas del Gobierno Balear, dirigido a Rubén Castro Ortega, Director del IBASSAL, solicitando información sobre las denuncias de Mare Nostrum por la falta de respuesta a sus solicitudes de copia del expediente, y el Documento 33, la respuesta del 1 de julio de 2020 de Company Oliver al Inspector de Servicios, también han desaparecido del expediente.
Sin respuestas
En su denuncia, la empresa afectada ha insistido en marcar la falta de respuesta por parte del IBASSAL a las reiteradas solicitudes de acceso al expediente SPA 1/19. A pesar de que la empresa presentó varios escritos en abril y mayo de 2020, solicitando copia del expediente y la identificación de los responsables de su tramitación, el IBASSAL no proporcionó la información requerida.
Esta negativa a dar acceso al expediente, junto con la desaparición de documentos clave, sugiere una deliberada obstrucción y falta de transparencia en el proceso de acreditación. Mare Nostrum S.L. denunció esta situación ante la Consejería de Administraciones Públicas, lo que dio lugar a una intervención del Inspector de Servicios.
Impacto de la desaparición de documentos
La desaparición de estos documentos cruciales tuvo un impacto significativo en la capacidad de Mare Nostrum para defender su caso. Sin los documentos completos, era difícil demostrar las irregularidades y manipulación del proceso administrativo por parte del IBASSAL y la Inspección de Trabajo.
Esto no solo afectó la resolución del caso legal, sino que también perjudicó la reputación y operación diaria de Mare Nostrum, ya que la falta de acreditación limitó su capacidad para competir en el mercado.
Cabe recordar que la Guardia Civil intervino en la causa realizando investigaciones sobre las irregularidades. En enero de 2023, se levantó el secreto de las actuaciones a raíz de un informe de un cabo de la Guardia Civil, aunque este informe no contó con el respaldo del Coronel Jefe de la Policía Judicial de Palma. Esta falta de respaldo fue otro indicio de las irregularidades en el manejo del expediente.
La acreditación en Aragón
Finalmente, otro dato relevante es que la presentación del recurso de alzada contra la resolución del 7 de abril de 2021 por parte de Mare Nostrum S.L. se fundamenta en la «carencia sobrevenida de objeto».
Esto significa que la resolución del IBASSAL (Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral) carece de relevancia o fundamento porque Mare Nostrum S.L. ya había obtenido la acreditación como servicio de prevención ajeno en Aragón el 9 de noviembre de 2020.
En otras palabras, cualquier pronunciamiento sobre su solicitud en Baleares se vuelve innecesario y sin efecto, ya que la empresa ya cuenta con la acreditación necesaria para operar a nivel nacional, otorgada por una autoridad competente en otra comunidad autónoma.
Igualmente, las implicaciones legales de la destrucción y ocultamiento de documentos son graves, ya que estos actos pueden conllevar penas de prisión, multas e inhabilitación para empleo o cargo público.
La desaparición de estos documentos no solo obstaculizó el proceso judicial, sino que también violó los principios de transparencia y justicia que deben regir en las administraciones públicas.
