Los propietarios de Marina Ibiza y Port Adriano invertirán 85 millones de euros en la explotación de los amarres de La Marina de Valencia. La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha seleccionado su oferta para la concesión de las instalaciones náutico-deportivas por un período de 35 años, con la posibilidad de dos prórrogas sucesivas de 8 y 7 años respectivamente.
Tal como ha avanzado El Economista este lunes, el Consejo de Administración de la APV ha decidido adjudicar el concurso a la UTE Serveis Marítims Port Eivissa y Ocibar, superando a otras propuestas como la de Ocean Platform Marinas Valencia junto a Puertomenor, Grupo Corporativo Fuertes, Puerto Picasso Málaga y Astilleros de Mallorca. Previamente, se había descartado la propuesta de Cardinal Capital Group, LTD, Tourism Business Builders, Port Ginesta y Gestió Nàutica de Marines.
Serveis Marítims Port Eivissa, actual gestora de Marina Ibiza y formada por IPM Group e IMG Group, que pertenece al ibicenco Grupo de Empresas Alonso Marí, y Ocibar, que gestiona Port Adriano en Mallorca, Botafoc y Marina Santa Eulalia en Ibiza y Port Tarraco en Cataluña, se comprometen a invertir 84,82 millones de euros en la modernización y explotación de los amarres. El proyecto no solo se centrará en los amarres y servicios náuticos, sino que también incluirá espacios de ocio y restauración.
El proyecto contempla una reorganización de los amarres para mejorar la productividad y competitividad. Se crearán 370 amarres en la dársena interior (de 12 a 130 metros de eslora), 74 amarres en la dársena norte (de 24 a 115 metros de eslora) y 227 amarres en la dársena sur (de 6 a 40 metros de eslora), sumando un total de 671 plazas para barcos en el agua. Además, se prevé la construcción de un varadero con capacidad para embarcaciones de 10 a 15 metros de eslora hasta 60 metros, y una marina seca que podrá albergar 228 embarcaciones de hasta 8 metros.
La Autoridad Portuaria de Valencia ha declarado que, antes de la concesión definitiva, la empresa someterá su propuesta a un trámite de información pública y de informes oficiales, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente. La APV destaca que esta decisión elimina la incertidumbre sobre la continuidad de una de las actividades fundamentales del Consorcio Valencia 2007, evitando perjuicios a los usuarios actuales de las instalaciones y dando los primeros pasos para la puesta en valor de esta área de usos náutico-deportivos.
Esta concesión también despeja cualquier duda que pudiera tener la Comisión Europea y otros organismos comunitarios, después de que se presentara una denuncia por posible competencia desleal y ayudas de Estado debido a las aportaciones públicas a esta marina.
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