La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) han criticado que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ejerza una «presión intolerable» sobre el juez que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.
El ministro, en declaraciones desde Cáceres, aseguró que Gómez estaba sufriendo una «gravísima indefensión» en la causa abierta en su contra en el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid porque «ni sabe de qué se la acusa».
Para la AJFV, las palabras de Bolaños valorando una actuación judicial en curso «son inaceptables en un Estado de Derecho donde rige la separación de poderes como base y pilar del mismo». La entidad señala que «con sus palabras se traslada una presión intolerable al juez instructor del caso que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno».
Así las cosas, la asociación ha pedido una vez más que los poderes del Estado «respeten la independencia judicial y la estricta separación de poderes, sin que se produzca la injerencia de un poder sobre otro». La AJFV ha incidido en que «con este tipo de declaraciones se causa un irreparable desprestigio al Poder Judicial, socavando con ello la confianza de la ciudadanía en la Justicia de este país».
Por otra parte, el Foro Judicial Independiente (FJI) ha lamentado la anomalía que supone que un ministro de Justicia «salga en defensa de una ciudadana particular» que está siendo investigada en un proceso judicial. «Entristece mucho que, precisamente, de ese Ministerio se ponga en duda públicamente la actuación de un juez que está haciendo su labor constitucional, en vez de dejarle trabajar con tranquilidad y respeto institucional», ha cuestionado.
Jamás debemos acostumbrarnos a que los que mandan en un país presionen a los jueces que investigan hechos presuntamente delictivos cometidos en su entorno. El respeto a la separación de poderes exige rechazar estas conductas obstaculizadoras que lo único que parecen pretender es la impunidad del poderoso. Dejemos trabajar al juez, que sea él, como le corresponde por imperativo constitucional, quien decida si existen o no indicios delictivos», completa el comunicado.
