El grupo municipal del PSOE en Santa Eulària ha señalado a la alcaldesa, Carmen Ferrer, como la máxima responsable del drama ocurrido en Can Rova, al permitir que el campamento ilegal creciera hasta albergar a cerca de un millar de personas.
Según testimonios de las personas desalojadas, el campamento, que incluía a ancianos, niños y otros individuos vulnerables, ha estado funcionando durante años sin que el Ayuntamiento tomara medidas para controlar la situación.
Situado en un terreno rústico del municipio, el campamento se expandió durante más de cinco años sin intervención municipal. El desalojo, llevado a cabo recientemente, fue el resultado de una resolución judicial entre los propietarios del terreno y no una acción del Ayuntamiento para regular la ocupación ilegal.
El PSOE critica duramente a la alcaldesa Ferrer por no utilizar las herramientas legales del Ayuntamiento para frenar el alquiler ilegal de parcelas en condiciones precarias a personas que no encuentran un lugar digno para vivir en Santa Eulària.
Además, algunos afectados han expresado que el desalojo fue llevado a cabo de manera precipitada y sin la adecuada atención humanitaria por parte del Ayuntamiento. Muchos residentes del campamento desconocían la fecha del desalojo y se encontraron sin hogar de un día para otro, sin acceso a sus pertenencias.
Las quejas de los afectados indican que los servicios municipales no ofrecieron suficiente ayuda, argumentando que solo atienden a residentes del municipio. A algunos se les ofreció solo la opción de pagar su billete para salir de Ibiza, mientras que otros no buscaron ayuda por miedo a represalias debido a su estatus migratorio irregular.
El PSOE también acusa al Partido Popular de convertir Santa Eulària en un municipio insensible hacia las necesidades de vivienda asequible. Los precios de las viviendas están fuera del alcance de muchos, y en más de 40 años de gobierno conservador no se ha construido ninguna vivienda pública en el municipio. Además, critican la ausencia de un servicio de acogida para personas sin hogar, a pesar de que la población del municipio supera ya los 40.000 habitantes.
Exigencia
El grupo socialista ha anunciado que exigirá explicaciones y responsabilidades a la alcaldesa Carmen Ferrer en el próximo pleno municipal.
Buscarán aclaraciones sobre por qué se permitió el crecimiento del campamento y por qué la respuesta social al desalojo fue insuficiente, improvisada y carente de los recursos necesarios para atender a las personas afectadas de manera adecuada
