Que moción de censura. Que elecciones anticipadas. Que cuestión de confianza. Que reunificación de Sa Unió. Que dimitan unos y otros… Formentera vive enredada en su propia crisis política que lleva más de ocho meses y que ha dejado prácticamente solo al presidente insular, Llorenç Córdoba, que ha concentrado prácticamente plenos poderes.
En ese contexto, los últimos plenos del Consell se han enfocado en este laberinto sin salida en el que se encuentran los grupos políticos que conforman la actual legislatura. La resolución de la crisis se ha convertido en monotema y ha postergado otros asuntos.
Uno de los puntos en los que no ha podido avanzar el Consell de Formentera es la aplicación de la amnistía urbanística, prevista en el decreto de simplificación administrativa aprobado por el Govern hace dos meses y medio.
Así, Formentera es la única isla balear que no ha ratificado la medida impulsada por la administración de Marga Prohens para resolver la situación de las construcciones en suelo rústico no protegido para irregularidades prescritas.
«No es prioritario»
El Govern no ha querido invadir competencias propias de los consells y ha dado a los gobiernos insulares la última palabra en tanto que gestionan la ordenación del territorio en la aplicación de la medida de gracia. Ibiza, Menorca y Mallorca han dicho sí y la medida ya está en vigor en las tres islas, al contrario que en Formentera.
“El tema de la amnistía urbanística por el momento no es prioritario para el Consell. En cuanto se vaya acercando el momento de tomar una decisión al respecto, nos pondremos a trabajar en ello”, han respondido desde la administración de Formentera a La Voz de Ibiza.
De esto se desprende que, al menos de momento, no se ha tomado una decisión respecto a si adherirse o no a la amnistía impulsada por el gobierno balear.
De esta forma, los ciudadanos de Formentera que esperaban como agua de mayo la aprobación de la amnistía urbanística prometida por el Partido Popular e incluida en el decreto de simplificación administrativa ven con frustración cómo la crisis política les está discriminando respecto a los propietarios de las otras islas. Para el Consell insular, no es prioritario y no se sabe si se llegará a aplicar en este contexto.
Las otras islas
El pleno del Consell de Mallorca dio luz verde a la amnistía urbanística el 18 de junio gracias a los votos del Partido Popular, Vox y El Pi, mientras que PSOE y Més per Mallorca se opusieron a la adhesión.
En Menorca, esta aprobación se produjo el 15 de julio, luego de que obtuviera el aval de la Comisión Técnica y Asesora de Urbanismo. Allí también se opuso el PSOE, que ha anunciado que llevará al Consell de Menorca ante los tribunales por su acuerdo de amnistiar todas las construcciones erigidas ilegalmente en suelo rústico.
En Ibiza, el Consell lo aprobó el 28 de junio. El vicepresidente primero, Mariano Juan, ha remarcado que esta herramienta “abre una ventana de oportunidad de tres años” para regularizar “lo que ya fue amnistiado por el paso del tiempo”.
El PSOE de Ibiza también ha anunciado la presentación de una cuestión de inconstitucionalidad.
Tres años
Esta medida de gracia excepcional implica poder regularizar obras ilegales. De esta forma, permite a los propietarios pagar una sanción entre el 10 y el 15 por ciento del valor de la obra, dependiendo del año en que se inicie la regularización de los tres que contemplará el decreto: el primer año deberán pagar una sanción del 10 por ciento del valor de la obra; el segundo año un 12,5 por ciento; y el tercero un 15 por ciento. Esto implicará fuertes ingresos para los ayuntamientos que tramiten las regularizaciones.
Descuentos
Estas cantidades tienen bonificaciones en función de la renta.
Así, las rentas bajas o medias, aquellas que no superen los 33.000 euros de ingresos al año calculados sobre la media de los últimos cuatro ejercicios, disfrutarán de un descuento del 50% en el importe de la sanción. Si se trata de declaraciones conjunta con la pareja, el umbral es fijado en 52.800 euros.
Para rentas medias o altas, el descuento será del 25% cuando esta base imponible del IRPF no supere los 52.800 euros al año en caso de tributación individual o los 84.480 euros en caso de tributación conjunta, calculando la media de los últimos cuatro años.
Con esto, podrán legalizarse todas las edificaciones en suelo rústico común que hayan sido construidas antes del 2009 y en suelo rústico protegido antes de 1991, teniendo en cuenta que todas las infracciones se encuentran prescriptas, por lo cual la administración no puede aplicar sanciones ni ordenar la demolición.
Por otra parte, no se permitirá el uso turístico de estas construcciones y se deberán cumplir todos los requisitos ambientales y energéticos.
