El Tribunal Constitucional ha derogado la prohibición que obligaba a las empresas de vehículos de transporte con conductor (VTC) a contratar sus servicios con un mínimo de 30 minutos de antelación en Baleares. El fallo, emitido por unanimidad, determina que esta norma vulnera la libertad de empresa garantizada por el artículo 38 de la Constitución Española y da una victoria a plataformas como Uber al momento de captar clientes y brindar el servicio de modo inmediato como los taxis.
En abril de este año, La Voz de Ibiza dio cuenta de que la media hora de precontratación que Uber incumple tenía los días contados a partir de una sentencia, correspondiente a un recurso presentado por el Gobierno Vasco, que hacía prever un escenario con similitudes para Baleares en el Tribunal Constitucional.
Este veredicto responde a una cuestión de inconstitucionalidad planteada en 2023 por la Sección Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. El decreto del Govern balear, que data de febrero de 2019, había establecido esta limitación con el objetivo de equilibrar la competencia entre los taxis y los VTC.
El Constitucional, sin embargo, ha determinado que la norma carece de una justificación adecuada. Según la sentencia redactada por el magistrado Enrique Arnaldo, la precontratación mínima de 30 minutos no contribuye de forma efectiva a los objetivos planteados por el Govern, como la mejora en la gestión de la movilidad o la garantía de condiciones óptimas en los servicios.
Desventaja competitiva para los VTC
El tribunal ha concluido que la medida impone una desventaja competitiva para los VTC, en comparación con los servicios de taxi. Aunque la regulación buscaba crear un marco equilibrado, la sentencia considera que esta limitación no protege ni al consumidor ni al sistema de precontratación, que ya está integrado en el funcionamiento habitual de las empresas de VTC como Uber o Cabify.
La sentencia se alinea con la doctrina previamente establecida por el Tribunal Supremo, que en abril de este año también consideró la norma «desproporcionada», subrayando que dificultaba el acceso de las VTC al mercado y limitaba la libertad empresarial. De hecho, Ibiza ha sido uno de los territorios más afectados por esta legislación, con empresas sancionadas por incumplir sistemáticamente la precontratación de 30 minutos, una práctica que ahora queda desestimada.