El agente de la Policía Local de Sant Josep que también ejerce como chófer de VTC pirata, Mateo Beltrán Carbonell, ha sido denunciado por protagonizar un polémico incidente ocurrido la madrugada del 11 de noviembre.
Beltrán, pareja de Susi Pereyra, empresaria ampliamente conocida en la isla por combinar servicios de transportes legales e ilegales con vehículos VTC, se personó, siempre según dos denuncias que obran en poder de La Voz de Ibiza, de madrugada, uniformado y en el vehículo policial en las oficinas de Avant Link, principal proveedor de Uber en la isla. Iba acompañado de otro agente. La Voz de Ibiza ha visto las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento.
Las oficinas de Avant Link están ubicadas en el municipio de la ciudad de Ibiza y, por lo tanto, fuera de la jurisdicción de Beltrán Carbonell. Los hechos se produjeron en la calle Bisbe Llocer, número 2, que linda precisamente con el municipio de Sant Josep.
Por este motivo, el trabajador de la subcontrata de Uber habla en su denuncia de «extralimitación de sus funciones» y «abuso de autoridad». Le ha pedido al Ayuntamiento de Sant Josep que «tome medidas».
Los hechos estarían relacionados con que Beltrán Carbonell fue despedido como encargado de una de las flotas que gestiona AvantLink el pasado mes de mayo. Un mes más tarde ingresa en el cuerpo de la Policía Local de Sant Josep. A partir de ese momento se producen varios episodios de hostigamiento denunciados.
Qué dice la ley de policías locales
Atendiendo el literal de la Ley 4/2013, de 17 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de las Islas Baleares, la extralimitación del agente, cuyas prácticas motivaron la apertura de un expediente por parte del Ayuntamiento de Sant Josep, está fuera de dudas.
El artículo 6 relativo al ámbito territorial de actuación lo deja bien claro: «Los cuerpos de policía deben actuar en el ámbito territorial de sus municipios».
Las excepciones a la norma general han de estar motivadas por «situaciones de emergencia» y contar «con la autorización previa de los alcaldes respectivos», situación en la que pasan a depender del jefe de la policía local del municipio en el que estuvieran actuando.
Si ejercen labores de escolta a las autoridades de su corporación también «pueden actuar fuera del término municipal respectivo con autorización del Ministerio del Interior».
Es obvio que no se dan ninguna de las dos circunstancias en el caso denunciado.
Intimidación y hostigamiento denunciados
Los denunciantes, el administrador de Avant Link y el nuevo encargado, señalan que Beltrán llegó a las oficinas acompañado de otro policía y solicitó información específica sobre los horarios de trabajo y sobre las operaciones de la empresa.
En España, presentar una denuncia falsa es delito y está penado con penas de cárcel en función de la gravedad de delito atribuido falsamente por el denunciante.
Afirman, además, que la actitud del agente fue intimidatoria, y que este incidente forma parte de un patrón continuo de hostigamiento continuado.
Pruebas presentadas
Las denuncias fueron interpuestas ante la Policía Nacional de Ibiza y en una comisaría de Madrid días después de los hechos. Aportaron imágenes captadas por las cámaras de seguridad del local captando a Beltrán en el lugar de los hechos, además de otro tipo de documentación.
También han puesto en conocimiento del Ayuntamiento de Sant Josep, del jefe de la Policía Local del municipio y de la Conselleria de Transportes del Consell de Ibiza los hechos.
A pesar de que obra en poder de La Voz de Ibiza copia del registro de entrada presentado por uno de los denunciantes en el que se adjuntan las denuncias presentadas ante la Policía Nacional, informes médicos, audios y las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, fuentes oficiales del Ayuntamiento de Sant Josep han asegurado desconocer los hechos.
