En la controvertida Junta de Gobierno del 25 de marzo en la que Llorenç Córdoba alzó la voz y digo golpes sobre la mesa, episodio que fue durante semanas el epicentro del debate político en Formentera, el interventor interino Pablo Serra Serra utilizó argumentos contrarios a los pliegos del concurso bajo sospecha para tumbar el informe de Recursos Humanos con el que el presidente del Consell de Formentera quería declarar desiertos los lotes de los chiringuitos entonces pendientes de adjudicar.
Los conselleres de Sa Unió, Verónica Castelló, Cristina Costa Juan y Óscar Portas, votaron en contra de declarar desierto el concurso ese día. Finalmente, la técnico fue recusada por los chiringuitos mejor puntuados gracias a los cambios de criterios introducidos por la Mesa de Contratación y que en caso contrario no habría ganado, salvo en uno de los ocho lotes, Córdoba se apartó del procedimiento y los conselleres de Sa Unió acabaron adjudicando los lotes.
En la citada Junta de Gobierno, convocada de forma extraordinaria y urgente para este punto tras haber frenado Sa Unió su debate en la junta de gobierno ordinaria de la semana anterior, se produjo un hecho relevante que hasta ahora había pasado desapercibido y que se suma al reguero de irregularidades acumuladas por el concurso bajo sospecha de los servicios de playas.
Así y según ha podido acreditar La Voz de Ibiza, el interventor se sacó de la manga durante el debate un argumento contrario al pliego de condiciones del concurso para para desacreditar el informe de la letrada de Recursos Humanos que concluía que todas las ofertas incumplían el pliego en el ámbito laboral.
Adujo que no podía dar por bueno el citado informe porque, entre otras cosas, no había contemplado la posibilidad de que los adjudicatarios externalizaran en terceras empresas determinados servicios, vía con la que podrían cumplir con las bases del pliego. A pesar de que dicha afirmación era falsa porque el pliego del concurso prohíbe expresamente esta práctica, nadie de los presentes puso objeción alguna.
El pliego y el informe
Según puede leerse en varios apartados de las cláusulas administrativas del concurso, la subcontratación de los servicios no está permitida. En el artículo 24.3 apartado a se determina como una de las «obligaciones contractuales esenciales» «la no subcontratación del servicio». Y En el 28, «no se permite la transmisión de la autorización ni su subcontratación».
También se hace referencia a la prohibición en las condiciones técnicas. En el artículo 5.2.3.: «El titular de la autorización/concesión no podrá, en ningún caso, ceder, subrogar, subarrendar o subcontratar o traspasar a terceros los lotes o instalaciones adjudicadas».
El mismo pliego exige un rango en los horarios que los locales de playa deberían abrir: de 9 a 18 durante tres meses y de 9 a 20 durante cuatro meses, lo que implica 63 y 77 horas de trabajo semanal respectivamente. “A estos dos períodos hay que añadir una hora antes de las 9:00 de la mañana y una hora después del cierre para labores de mantenimiento, limpieza y recarga de máquinas, obligatorio realizar esta tarea fuera del horario de servicio”, señala un informe de Servicios Jurídicos del Consell del 21 de marzo de este año.
Según el cálculo de su autora, esto implica un total de 77 horas en temporada baja y 91 horas en temporada alta, por lo que debe contarse con 15 y 20 trabajadores respectivamente para poder cubrir todo el horario.
Este informe fue el principal argumento del presidente del Consell para proponer (sin éxito), en la Junta de Gobierno del 25 de marzo, que el concurso quedara desierto, ya que el personal propuesto en las ofertas por los concursantes distaba mucho de los 15 trabajadores mínimos necesarios.
Durante esa junta de gobierno, el interventor desestimó el informe jurídico: lo calificó como “incompleto”, porque “no contempla que la legislación laboral, que no detalla, permite otra distribución de horarios para los trabajadores; y los horarios que se señala que se incumplen son contrarios a la posibilidad de realizar subcontrataciones, tales como servicios de cocina”.
Silencio del secretario
A pesar de que el principal argumento del interventor para concluir que el informe de la letrada era «incompleto» era contrario a las bases del concurso, el secretario del Consell, Ángel Custodio Navarro, guardó silencio en todo momento.
Nadie advirtió de que la opción de cumplir la legislación laboral con el personal aportado y de cumplir con los horarios de apertura de los pliegos vía subcontratación de servicios no era posible.
Este asunto pasó absolutamente desapercibido en la tensa sesión.
Antes o después
El debate de fondo y que suscitó el conocido enfrentamiento entre Córdoba y el secretario era sobre si esta cuestión debía tratarse en este momento y era suficiente para declarar desierto el concurso o debía posponerse a la fase ejecutiva. Es decir, había que adjudicar y una vez adjudicado valorar si los chiringuitos cumplían.
La sesión arrancó con la tensión por las nubes por una reunión convocada a espaldas del presidente por Sa Unió con los técnicos de Medio Ambiente, el secretario, el interventor y el presidente de la Mesa de Contratación.
También generó controversia la petición de los conselleres de Sa Unió de que compareciera la autora del informe que avalaba que el concurso fuera declarado desierto. Córdoba se negó.
Durante el debate, Sa Unió denigró el trabajo de la técnico de Recursos Humanos, de quien dijo «no fiarnos».
A requerimientos de Sa Unió, el secretario argumentó que nadie había impugnado las bases y defendió que esta cuestión en cualquier caso debía ser dirimida en la fase ejecutiva, es decir, con los contratos adjudicados, no antes de ello.
Para ello, leyó un artículo de forma sesgada, ya que omitió deliberadamente la segunda parte del mismo. Fue el presidente el que le conminó a que leyera la parte del artículo 201 de la Ley de Contratos de Sector Público en la que se facilita «a los órganos de contratación a tomar las oportunas medidas para comprobar durante el procedimiento de licitación, que los candidatos y licitadores cumplen las obligaciones», lo que daba la razón a las tesis del presidente.
Este es el momento en el que se produjo la airada reacción del presidente. Posteriormente se produjo la intervención del interventor relatada.
Ofertas temerarias
A continuación, el interventor pone sobre la mesa la opción de declarar las ofertas temerarias antes de declararlo desierto. El mismo desestima esta opción con el pueril argumento de que «no se llegaría a una licitación para este verano».
Otro argumento sorprendente es el utilizado por el secretario para considerar que las ofertas «son bien reales»: «La Mesa de Contratación ha trabajado mucho y no ha valorado nada de lo que ahora se está diciendo».
Los cálculos
También suscita controversia la autoría de los cálculos del personal necesario para cumplir el contrato incluidos en el informe de la letrada de Recursos Humanos. «Ni yo ni el secretario los hemos hecho», dice el interventor dando a entender que para que sean tenidos en cuenta solo ellos dos estarían autorizados para ello.
Irregularidades manifiestas
Además de la falta de personal, durante la última temporada quedó en evidencia que muchos chiringuitos no cuentan con los socorristas titulados que se exigen legalmente. Esto ha sido denunciado por los antiguos concesionarios de los quioscos de Formentera y admitido por el Consell.
No es la única falta investigada por el Consell: también se han notado faltas en el requisito de dar servicio de bebidas en toda la playa y se han advertido instalaciones no permitidas, como una tubería enterrada bajo las dunas en es Migjorn.
