La Junta de Gobierno Extraordinaria y excepcional del Consell de Formentera ha aprobado poco después de las 14 horas adjudicar siete de los ocho lotes de los chiringuitos de playa pendientes del megaconcurso de los servicios de playa a las empresas mejor puntuadas por la Mesa de Contratación ignorando las irregularidades desveladas en exclusiva por La Voz de Ibiza y, por lo tanto, consagrando que las bases de los concursos en Formentera son papel mojado y pueden ser modificadas alegremente con las plicas abiertas, tal como también defiende el PSOE.
Así, en una junta que se ha tenido que celebrar en segunda convocatoria por falta de quorum debido a que la renuncia del presidente no adscrito, Llorenç Córdoba, y la del vicepresidente segundo, Javier Serra, por un posible conflicto de intereses ha dejado el número de miembros en tres, el mínimo que exige la ley: Verónica Castelló, Óscar Portas y María Cristina Costa.
Los tres consellers de Sa Unió han dado carpetazo al concurso bajo sospecha en siete de los ocho lotes pendientes y han acordado solicitar al octavo mejor puntuado la documentación pendiente, tal como acordó la Mesa de Contratación en la sesión del 1 de abril.
Así, seis empresas que resultaron beneficiadas por los cambios de criterio respecto a las bases en detrimento de las que habrían ganado de haberse aplicado y una séptima que disfrutó de un periodo de subsanación extra denunciado por el presidente podrán montar los chiringuitos y explotarlos durante los seis años de la concesión y otros dos de prórroga contemplados.
Batalla judicial
Así será salvo que los tribunales tumben las adjudicaciones por las numerosas causas que apuntan a la nulidad del procedimiento y que se resumen en tres aspectos nucleares: cambios de criterio, periodo de subsanación extra para tres empresas y apertura de los sobres tres cuando no habían finalizado las valoraciones de los sobres con la oferta técnica.
Además de los contenciosos que ya han sido interpuestos tras las adjudicaciones de las hamacas, la batalla judicial continuará con los recursos de las empresas que habrían sido mejor valoradas en el caso de que se hubiera aplicado a rajatabla los pliegos.
Cuatro de ellas ya han dado el primer paso presentado una denuncia ante la Guardia Civil por prevaricación y tráfico de influencias, lo que infiere que detrás de la vía administrativa llegará la penal en el caso de que los tribunales les den la razón.
En la Junta de Gobierno ordinaria se ha aprobado la polémica acta del pasado 25 de marzo cuya ratificación había venido retrasando el presidente y, exigiendo Sa Unió y la oposición.
Durante el día de hoy, la vicepresidenta primera, Verónica Castelló, habría aceptado la recusación de la técnico de Recursos Humanos solicitada por los ya adjudicatarios por haber firmado un informe que recomendaba dejar desiertos los lotes porque todas las empresas incumplían el convenio de hostelería de Baleares y al mismo tiempo ser la presidenta de la delegación en Formentera de la entidad catalanista Obra Cultural Balear (OCB).
